Pocas cosas agitan el ánimo de la población, de las multitudes, como ver a un funcionario caído, a un empresario atrapado: enjuiciados, esposados, encarcelados. Cada vez que se menciona a uno se garantiza el escándalo y la explosión en las redes sociales.
Quizás el cansancio, la decepción, la desconfianza, borraron la delgada línea entre la justicia y la venganza, por eso el regocijo superlativo cuando “un grande” cae. Décadas insufribles en que la gente ha visto a los que considera “poderosos” maniobrar entre la pillería y la impunidad, fue acumulando odios, resentimientos, desquites.
Conscientes o no de esto, los actores públicos mantienen un lenguaje descarnado, feroz, en contra de quienes delinquen en la corrupción; incluso abominan más de ellos que de quien roba y mata en la calle, tal vez porque al corrupto lo consideran un ambicioso y al ladrón un necesitado.
Probablemente por eso la captura de alguien que robó dinero del Estado o corrompió con sobornos a funcionarios incluye a decenas de policías enmascarados, armados con todo, varios vehículos, rodear la cuadra, la colonia, allanar la casa donde lo más peligroso son los cuchillos de cocina, y después exhibir al acusado en los medios para que la gente pida que lo cuelguen.
Nadie puede oponerse a que se sancione al que delinque, todo lo contrario, pero no solo para sofocar la indignación y la protesta popular, que en su enojo casi pide venganza contra el infractor. La institucionalidad tiene que ser cerebral y enmarcarse en la justicia, lejos del espectáculo, aunque la frontera apenas se note.
La venganza parte del rencor y el miedo; y el deseo que le pase algo malo a quien malqueremos genera desasosiego, descontento, porque no siempre es equitativa. En cambio, la justicia respeta los derechos humanos, la dignidad de la persona, aún aplicando una penalización, y sirve como escarmiento, disuasivo para otros.
El fiscal general Óscar Chinchilla ha aparecido en público para contarnos que hay sectores conspirando contra el Ministerio Público, gente amenazada que se reúne por ahí, juntando dinero, voluntades, influencias, para desacreditar y destruir la imagen de la institución, como una forma de defensa.
El Ministerio Público y la Corte Suprema no han sabido construir una imagen en la que los ciudadanos nos sintamos protegidos, que al pasar frente a sus edificios pensemos que allí se garantizan nuestros derechos, que si alguien nos hace algo, lo penalizarán; y los que delinquen deberían asumir que serán sancionados, y que ni siquiera pueden atentar contra las instituciones.
Es un desafío inconmensurable desarrollar una cultura de la jurisprudencia, el ejercicio del derecho, una casa de la justicia fuerte y respetada, porque siempre habrá corruptos y criminales, pero que el disuasorio no sea la vindicta pública, sino la ley y la conciencia de lo correcto.
