En las elecciones establecidas por la Ley Electoral, desde períodos pasados de corporaciones municipales, legislativas y presidenciales a la actualidad, el electorado ha venido siendo timado, pues los candidatos son presentados en las papeletas electorales como honorables. Una vez resultan electos en los niveles de elección de alcaldes, diputados y presidente de la república, muestran con claridad sus vicios de corrupción, burlándose del elector y del pueblo. Para el caso, muchas de estas autoridades públicas electas fueron investigadas, señaladas e imputadas mediante procesos judiciales por actos de corrupción gracias a la expulsada MACCIH-UFECIC y otros fueron extraditados, llevados a juicio, declarados culpables y guardados en prisión por la justicia de USA.
Esta misma Justicia estadounidense del distrito sur de New York - USA calificó al actual mandatario de Honduras como Co-conspirador de narcotráfico y a Honduras un narco-Estado.
El Wilson Center con sede en Washington D.C, institución independiente establecida en 1968 e integrado por oficiales del gobierno y personas designadas por el Presidente de USA, que estudia asuntos nacionales e internacionales con la misión de fomentar la investigación, el estudio, discusión y colaboración. Recientemente este Wilson Center presentó un informe a la consideración pública donde revela la gigantesca corrupción institucional en Honduras impulsada desde el poder ejecutivo de Juan Orlando Hernández y el poder legislativo de Mauricio Oliva. En este estudio, en la sección llamada 'Responsabilidad horizontal: el congreso como parte del problema', detalla todos los esfuerzos que los diputados del Congreso Nacional de Honduras han dedicado para favorecer la corrupción y la impunidad a través de leyes impulsadas sobre todo por la bancada del partido nacional [diputados orlandistas) , algunos diputados del partido liberal y de otros partidos. Leyes como por ejemplo la expulsión de la MACCIH, Fondos Departamentales, aprobación del nuevo código penal, suspensión de investigación en curso a funcionarios públicos, inmunidad parlamentaria, entre otras.
En línea con el Wilson Center, el pueblo hondureño desde tiempo atrás tiene conocimiento de que las dos mayores industrias de corrupción en Honduras es el congreso nacional y la casa presidencial.
Es inaudito y repudiable que en el actual Congreso Nacional del total de 128 diputados, 85 fueron imputados mediante procesos judiciales debiendo acudir periódicamente a los Tribunales de Justicia acatando las medidas cautelares. Por lo que, el 66.4% de la Asamblea de Diputados han sido señalados como actores protagónicos en distintos escenarios de corrupción.
Mientras los Diputados del parlamento hondureño amigados con la corrupción nombren a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República, Procurador General, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Magistrados del Tribunal Superior de Cuenta, Jefe de las Fuerzas Armadas tendremos un sistema de justicia contaminado políticamente, ineficaz y dañino.
Es urgente y necesario hacer cambios en la forma y procedimientos en el nombramiento de las autoridades antes mencionadas, pues de continuar así, se perpetuara en los tiempos la impunidad y la corrupción.
Por lo tanto, el pueblo hondureño señala a la clase política como los mayores corruptos del país, los más desacreditados y hoy más que nunca el elector exige un certificado de garantía de cada candidato a cargo de elección popular en cuanto a su honor, integridad y honradez.
El elector procura un asidero legal para escoger candidatos de vida biográfica limpia, libre de cualquier señalamiento y acción penal, además es un derecho humano fundamental.
La trayectoria de vida del candidato no debe presentar dudas en el plano ético.
El hombre público o que pretende ser público, no se encuentra en la misma plataforma de obligaciones con la del ciudadano común en el trato de la cosa pública, por lo que el elector debe estar confiado que al depositar su voto, su confianza, lo hace por una persona certificada por un filtro legal mediante una Ley de Inelegibilidad de candidatos a cargos de elección popular o sea, una Ley de Ficha Limpia que demuestre la hoja de vida limpia del candidato, Ley que posea el espíritu de proteger la probidad administrativa, la moralidad para el ejercicio del mandato, la normalidad y la legitimidad de las elecciones.
Ciertamente, el elector aspira que con este instrumento jurídico se alcance el inicio de una nueva reforma política, con aires de una verdadera revolución electoral, una poderosa arma de depuración y de reorganización de las normas referentes al sistema político hondureño. Moralizar la política. Queda planteado.
