Reporte Especial para El Heraldo
Washington - 10 de enero de 2026.
En una entrevista transmitida desde Estados Unidos por Fox News, el presidente Donald Trump declaró públicamente que su administración considera iniciar ataques “en tierra” contra los cárteles de la droga, incluidos objetivos en territorio mexicano, al afirmar que Estados Unidos ya ha neutralizado en gran medida el tráfico marítimo y que “ha llegado el momento de golpear a los cárteles donde operan”. La declaración, realizada durante una conversación televisada, marca la señal más explícita hasta ahora de que Washington evalúa una escalada directa contra las organizaciones criminales transnacionales que operan desde México.
Cuando Donald Trump dice que Estados Unidos comenzará a “golpear en tierra” a los cárteles, no está anunciando una política nueva. Está diciendo en voz alta lo que el hemisferio lleva años fingiendo que no entiende: que el narcotráfico dejó de ser un problema criminal y se convirtió, hace tiempo, en una guerra no declarada.
La incomodidad no proviene de la frase. Proviene de la verdad que encierra.
Durante décadas, Washington, América Latina y el Caribe han participado en una coreografía de simulación: declaraciones solemnes, cooperación técnica, planes de seguridad con nombres elegantes y resultados mediocres, mientras los cárteles evolucionaron hasta convertirse en estructuras armadas transnacionales, con control territorial, capacidad financiera, redes políticas y poder de intimidación superior al de muchos Estados.
Trump rompe el guion. Lo hace de manera brusca, sin sutileza jurídica ni diplomática, pero con una franqueza que incomoda precisamente porque deja en evidencia la bancarrota moral del statu quo.
México dice no — y tiene razón, aunque el problema siga ahí
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado tajantemente cualquier intervención extranjera. Se le acusa desde algunos sectores de debilidad o negacionismo. Es una lectura superficial y peligrosa.
México no rechaza la intervención por romanticismo ideológico. La rechaza porque conoce mejor que nadie el grado de contaminación interna de su propio aparato de seguridad. Declarar una “guerra abierta” —y peor aún, con fuerzas extranjeras— no solo sería una afrenta a la soberanía; sería una invitación al colapso institucional.
El caso de Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por servir a los cárteles mientras dirigía la seguridad pública mexicana, no fue una aberración aislada. Fue una radiografía. Un recordatorio de que el crimen organizado no solo combate al Estado: lo infiltra, lo compra y lo utiliza.
En ese contexto, la resistencia de Sheinbaum no es cobardía. Es autodefensa política. Gobernar un país atravesado por economías criminales exige, antes que discursos de guerra, control del propio Estado. Sin eso, toda escalada es suicida.
El verdadero costo: la violencia como impuesto estructural
Aquí es donde la hipocresía regional se vuelve intolerable.
México paga un precio que ya no se mide solo en muertos, sino en desarrollo amputado. La violencia funciona como un impuesto oculto: expulsa inversión, fragmenta comunidades, encarece cada transacción económica y destruye la confianza pública. Estudios serios estiman que el costo económico de la violencia equivale a una porción de dos dígitos del PIB mexicano. No es una crisis de seguridad: es una crisis de Estado.
Estados Unidos, por su parte, paga con cientos de miles de muertos por sobredosis, sistemas de salud saturados y comunidades devastadas. El Caribe observa el fenómeno con la ansiedad del que sabe que, cuando una ruta se cierra, otra se abre—y casi nunca en el país más fuerte.
Y, sin embargo, el lenguaje oficial sigue siendo tímido. Se habla de “desafíos compartidos”, “responsabilidad conjunta” y “enfoques integrales”, mientras los cárteles operan con la lógica de ejércitos irregulares y corporaciones criminales multinacionales.
La gran mentira: que esto puede resolverse sin costo político
Trump dice lo que muchos gobiernos no se atreven a decir: esto no se resuelve sin confrontación real. La pregunta no es si habrá costos. La pregunta es quién los paga y cuándo.
Estados Unidos ha optado por endurecer el lenguaje, designar cárteles como organizaciones terroristas y cerrar rutas marítimas con fuerza. México ha optado por contener, cooperar selectivamente y evitar una implosión interna. Ambos enfoques tienen lógica. Ambos son insuficientes por sí solos.
Lo que resulta insostenible es el punto medio ficticio: la idea de que se puede derrotar a economías criminales armadas hasta los dientes sin tocar intereses, sin desestabilizar equilibrios corruptos y sin asumir riesgos políticos reales.
El dilema hemisférico
Una intervención unilateral estadounidense sería una opción profundamente controversial y políticamente incómoda. Reforzaría narrativas antiimperialistas largamente arraigadas, pondría bajo presión la legitimidad de gobiernos aliados y correría el riesgo de tensionar aún más a una región ya frágil, sin garantizar por sí sola resultados sostenibles.
Pero fingir que la situación puede seguir administrándose con comunicados diplomáticos es igual de irresponsable. Cada año de inacción consolidada fortalece a los cárteles, no a los Estados.
El dilema no es Trump versus Sheinbaum. Es algo más profundo y más incómodo: o el hemisferio acepta que enfrenta una amenaza estructural que exige respuestas extraordinarias y coordinadas, o seguirá pagando el precio de la negación.
Trump ha hablado con brutalidad. México responde con cautela. Entre ambos queda expuesta la verdad que nadie quiere asumir: esta guerra ya existe. La única pregunta pendiente es si los Estados decidirán enfrentarla como tales—o seguirán cediendo terreno, pedazo a pedazo, a quienes no creen en soberanía, leyes ni fronteras.
