Por años, Honduras ha avanzado en el reconocimiento legal de los derechos de las personas adultas mayores. La legislación vigente contempla beneficios, descuentos y mecanismos de protección destinados a garantizar una vida más digna para quienes han contribuido durante décadas al desarrollo de sus familias, comunidades y del país.
Sin embargo, la experiencia cotidiana de muchos adultos mayores plantea una interrogante incómoda pero necesaria: ¿qué ocurre cuando un derecho existe en la ley, pero su cumplimiento depende de la voluntad, interpretación o conocimiento de quien debe aplicarlo?
La respuesta trasciende el ámbito jurídico y nos conduce al terreno de la gobernanza.
Cuando hablamos de gobernanza nos referimos a la participación conjunta de ciudadanía, instituciones públicas, empresas y organizaciones sociales para garantizar que las políticas públicas funcionen efectivamente y que los derechos reconocidos se conviertan en realidades tangibles para las personas.
Bajo esta perspectiva, los adultos mayores no deben ser vistos únicamente como beneficiarios de programas o receptores de asistencia social. Deben ser reconocidos como ciudadanos plenos, capaces de participar activamente en la vigilancia, evaluación y mejora de las políticas que les afectan.
La diferencia entre un derecho reconocido y un derecho ejercido es precisamente el espacio donde la gobernanza cobra sentido.
No son pocos los casos en los que personas adultas mayores encuentran dificultades para acceder a beneficios establecidos por la ley. Situaciones relacionadas con descuentos en restaurantes, farmacias, hoteles, servicios turísticos, instituciones bancarias, servicios públicos o comercios diversos suelen generar interpretaciones distintas, requisitos adicionales o procedimientos que terminan convirtiéndose en obstáculos para el ciudadano.
Más preocupante aún es que gran parte de estas situaciones nunca son reportadas.
Muchos adultos mayores desconocen los mecanismos de denuncia disponibles. Otros consideran que el trámite será complicado o poco efectivo. Algunos prefieren evitar confrontaciones y simplemente renuncian al ejercicio de sus derechos.
Cuando esto ocurre, los incumplimientos permanecen invisibles y las instituciones pierden la oportunidad de corregirlos.
Por ello, la protección efectiva de los adultos mayores requiere algo más que buenas leyes. Requiere ciudadanos informados, organizados y comprometidos con el ejercicio de sus derechos.
La gobernanza comienza cuando los ciudadanos participan. Comienza cuando documentan problemas, formulan consultas, presentan denuncias y exigen respuestas. Comienza cuando la experiencia cotidiana de los usuarios se convierte en información útil para mejorar las políticas públicas.
Pero la participación ciudadana también exige instituciones accesibles. No basta con habilitar una línea telefónica tradicional y asumir que el problema está resuelto. Los tiempos actuales demandan múltiples canales de comunicación adaptados a las necesidades reales de las personas.
Las instituciones responsables de proteger los derechos de los adultos mayores deberían ofrecer atención mediante números móviles, mensajería instantánea, correos electrónicos, formularios digitales, plataformas en línea y canales oficiales de WhatsApp que permitan enviar fotografías, documentos y evidencias de manera sencilla y rápida.
La accesibilidad institucional es parte fundamental de la protección efectiva de los
Asimismo, resulta indispensable reconocer el papel de los cuidadores. Miles de familiares dedican tiempo y esfuerzo a acompañar a personas adultas mayores en consultas médicas, gestiones bancarias, trámites administrativos y múltiples actividades cotidianas.
El desafío que enfrenta Honduras no consiste únicamente en ampliar beneficios o reformar leyes. El verdadero reto consiste en construir una cultura de cumplimiento basada en participación, transparencia y rendición de cuentas.
Porque los derechos reconocidos en la ley solo adquieren verdadero valor cuando pueden ejercerse plenamente en la vida cotidiana.
