Cuánta irregularidad representa el asunto de Koriun Inversiones en Honduras. Todo lo mal que se piense, podría resultar impreciso ante la magnitud, más que del dinero contante y sonante, de lo que empieza a vislumbrarse, sus posibles ramificaciones con sectores gubernamentales allegados que lo usufructúan y con el crimen organizado.
Los casos que conmocionan de compatriotas que colocaron los ahorros de su vida, de abuelas que en forma inconsulta depositaron dineros producto del arduo trabajo de familiares migrantes, que habían sido puestos a su recaudo. Todos los delitos que se desprenden, varios, no que no había delito por haber sido eliminado el de captación irregular del Código Penal. Por suerte para el pueblo hondureño, quienes insisten en dañarnos siempre se equivocan. Y son los confundidos. ¡Qué terrible! La crisis financiera que empieza a generar, ya gravísima para los incautos depositantes, debe ser enfrentada en forma integral.
Aparte de la persecución de los delitos intrínsecos, que ya debiera estar en ello la Fiscalía General, exige coordinación y determinación, se entiende que en estricto apego a la ley, de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Se debe investigar a profundidad y proceder a la judicialización correspondiente.
Como tanto se repite “caiga quien caiga”. Si la ATIC ya constata que se trata de un esquema Ponzi, obvio desde el inicio a los ojos del más neófito observador, ¿por qué no hay más requerimientos? Es una estafa financiera. ¿No son indicios irrefutables del delito de lavado de activos, las cajas de billetes? Ni caletas de narcos se han encontrado en Honduras con tantos. La supervisión financiera ha quedado en entredicho. La CNBS claro que podía ver directamente la actividad financiera altamente dudosa que se realizaba. Pero no la vieron.
Se deben proteger los derechos de los depositantes esperanzados en altos rendimientos, con mecanismos transparentes para la devolución legal de esos dineros. Pero deben ser los dineros de los estafadores, no del pueblo hondureño.
