Honduras atraviesa la etapa poselectoral bajo señales que exceden una crisis política ordinaria. Lo que se desarrolla hoy en el país no es un simple desacuerdo sobre interpretaciones legales ni un conflicto procedimental menor, sino una disputa profunda por el control institucional del poder, en un escenario marcado por decisiones que tensionan los límites del orden constitucional y democrático.
La actual configuración del Congreso Nacional, que actúa bajo condiciones jurídicamente cuestionables y al margen de las reglas básicas de funcionamiento democrático, no puede interpretarse como un accidente procedimental. Representa, por el contrario, la praxis del poder hegemónico reacomodándose tras el castigo electoral, mientras utiliza la institucionalidad legislativa como instrumento de control y resistencia al cambio expresado en las urnas.
Este Congreso, cuya legitimidad de actuación se encuentra severamente debilitada, ha dejado de cumplir su función como contrapeso republicano. En la práctica -y particularmente bajo la dirección de la facción oficialista-, opera de manera alineada y funcional a los intereses del Poder Ejecutivo, erosionando el principio de separación de poderes y reduciendo la representación popular a un mero trámite formal.
La actuación de este Congreso no apunta a ordenar la vida institucional del país, sino a generar confusión, la incertidumbre jurídica y la confrontación política. No se trata de un caos espontáneo, sino de una estrategia deliberada que, al debilitar la claridad normativa y la confianza ciudadana, favorece la distracción social y paraliza el debate de fondo sobre el rumbo democrático del país.Este escenario de desorden institucional actúa como una cortina de humo frente a los desafíos reales de la transición poselectoral. Mientras la atención pública se consume en disputas sobre juntas directivas y validez de actos legislativos, las estructuras de poder, privilegio e impunidad permanecen intactas, alejando cualquier posibilidad de una transformación democrática real.
La subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo no responde únicamente a afinidades partidarias, refleja una degradación más profunda del sistema republicano. La división de poderes, pilar esencial del Estado de derecho, se ve reemplazada por una dinámica donde el Congreso valida decisiones previamente definidas, bajo una apariencia de legalidad que pierde credibilidad ante la
ciudadanía.
En un país históricamente golpeado por prácticas autoritarias y corrupción, la normalización de un Congreso que actúa al margen de las reglas democráticas constituye una señal de alerta máxima. Cuando las formas dejan de importar y el poder se ejerce sin disimulo, la institucionalidad se convierte en un instrumento de control antes que en una garantía de derechos y libertades.
Honduras no enfrenta hoy un debate técnico reservado a juristas, sino un desafío político e institucional que interpela a toda la sociedad. Lo que está en juego es si el proceso poselectoral derivará en una recomposición democrática legítima o en la consolidación de prácticas que debilitan la voluntad popular y profundizan la crisis del Estado de derecho
