No es por vano capricho ni crítica malintencionada, sino por rigurosidad académica, deber profesional y compromiso ciudadano, que hemos estado insistiendo en exigir que los niveles de endeudamiento público sean manejados responsable y eficientemente en beneficio de la colectividad y del interés nacional. Comportamiento personal sostenido frente a todos los gobiernos y regímenes -sin excepción- que hemos visto transitar en nuestro amado país.
Y claro, debo confesarlo, por razones adicionales en el presente, tratándose de un gobierno, encabezado por un partido, del que se esperaba un comportamiento diferente; que hiciera por fin, un manejo responsable y provechoso para las finanzas públicas.
Hemos dejado en claro que el endeudamiento público se ha incrementado peligrosamente, en especial desde el año 2010 en adelante. La administración Castro Sarmiento recibió de Hernández un saldo de deuda altísimo, cifrado según la Sefin en US$15,700 millones a inicios de 2022. Luego, este saldo aumentó a finales de ese año llegando a los US$16,800; en el siguiente año (2023) se ubicó en los US$16,700 millones.
Todo lo anterior considerando que en cada año se pagaron fuertísimas sumas en concepto de servicio de la deuda (capital principal, más intereses y comisiones) en un promedio de US$2,000 millones por año. El saldo no se redujo a pesar de los enormes montos pagados, pero se ha seguido contratando mayores deudas a pesar de las señales de alarma.
A principios de 2025, cuando todavía no había datos oficiales sobre el último trimestre de 2024, habíamos pronosticado que el saldo de la deuda pública (interna y externa) cerraría a diciembre en al menos US$17,000 millones. En realidad, este umbral se alcanzó ya en noviembre (US$17.1 millardos), luego, en diciembre, alcanzó los US$17.4 millardos.
Pronóstico confirmado, evidenciando que el gobierno de Castro Sarmiento incrementó todavía más la gigantesca deuda heredada. Al estar en el último año de administración y a la espera de que concluya el primer trimestre de 2025 y aparezcan las cifras oficiales, hemos dicho que de continuar así y, considerando los nuevos endeudamientos anunciados por los funcionarios del ramo, los pronósticos van en la línea de que en el primer semestre de 2025 el saldo superará los US$18.0 millardos. Cabiendo la posibilidad de que el gobierno herede al siguiente un saldo en un rango entre 18.5 a 19 millardos de dólares.
En todo caso, significaría que la administración Castro dejaría un endeudamiento mucho mayor al que recibió con niveles de compromiso fiscal -entre varios riesgos- de un servicio de la deuda mayor a los L70,000 millones anuales, consolidándose como el mayor rubro de gasto presupuestario.
En términos prospectivos, el problema va más allá de la finalización del gobierno de Castro de Zelaya. Es indispensable ver desde ahora los perfiles de vencimientos y las implicaciones para las dos siguientes administraciones, es decir, las que irán del 2026-2030 (con amortizaciones quizás mayores a US$ 2 millardos anuales) y, la de 2030-2034. Incluso, no debe salir sobrando visualizar el horizonte al 2038. Mientras tanto, los años entre 2025 y 2030 están ya con descomunales cargas y riesgos fiscales por los elevados y crecientes vencimientos pendientes.
La situación puede ser aún peor si se llegan a concretar, en unos días, los compromisos con una acelerada segunda emisión de bonos soberanos hasta por US$700 millones, sumado a nuevas contrataciones con acreedores multilaterales y bilaterales.
