Honduras es un país de contrastes. Con una población de alrededor de 10.8 millones de habitantes, gran parte del desarrollo económico y la inversión continúa concentrándose en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, especialmente en los municipios de San Pedro Sula y el Distrito Central.
Mientras tanto, el resto de los municipios enfrenta limitaciones presupuestarias, menor inversión y dificultades para ejecutar proyectos de desarrollo e infraestructura a mayor escala.
En este contexto, el tema de la descentralización vuelve al centro del debate nacional. El presidente Nasry Asfura centra su plan de acción de país en la descentralización, generación de empleo e inversión, de momento ha prometido elevar las transferencias a los gobiernos locales para proyectos como caminos productivos, con la finalidad de que el dinero llegue directamente a los ejecutores locales.
La propuesta es válida, pero la realidad nos exige que no basta únicamente con aumentar los fondos, sino que exista una estructura de gestión local para que sean administrados con eficiencia.
La Ley de Municipalidades establece que el gobierno debería de transferir al menos el 11% de los ingresos al régimen municipal. Sin embargo, este mandato no se ha cumplido de forma sostenida. Muchas alcaldías operan con recursos limitados, lo que restringe su capacidad de operar y planificar a mediano y largo plazo.
Si Honduras aspira a dejar de ser un país con dos ciudades productivas y muchos municipios dependientes, es imprescindible entender que la autonomía financiera municipal no se resuelve únicamente con el incremento a las transferencias municipales.
Se necesita de verdaderas reformas que permitan a las municipalidades captar mejor sus propios recursos, diversificar sus ingresos y administrar el gasto corriente con mayor independencia.
La descentralización debe de ser gradual y estratégica, partiendo del análisis profundo de las capacidades de cada municipio. No todas las municipalidades cuentan con las condiciones para asumir mayores responsabilidades, y es ahí donde la capacitación, la asistencia técnica y la cooperación institucional se vuelven cruciales.
Así mismo, la participación ciudadana debe de convertirse en un componente clave. Cuando las comunidades se involucran y sienten que sus demandas se traducen en acciones locales concretas, la gestión pública adquiere mayor legitimidad.
La consolidación de la descentralización demanda una planificación clara y coordinada. Sin un plan de desarrollo y mecanismos de seguimiento, cualquier iniciativa de descentralización seguirá siendo parcial y dependerá de la voluntad del gobierno central, lo que representa un gran desafío para lograr el proceso de una verdadera descentralización y autonomía municipal.
