Ninguna definición sobre la disciplina del derecho es totalmente inocente. Las definiciones que se encuentran sobre esa materia llevan implícita los intereses de quienes las promueven. Algunos juristas hablan de Estado de derecho para referirse a las garantías que deben tener los inversionistas en el sector público.
Probablemente, la definición más equitativa sobre el tema es el de las Naciones Unidas (ONU), cuando “define el Estado de derecho como un principio de gobernanza en la que las entidades públicas y privadas, instituciones, personas y el propio Estado están sometidas a leyes promulgadas”.
Defender el Estado de derecho solo desde la visión e interés de una de las partes y no de toda la sociedad, es una visión incompleta y desajustada a un régimen de justicia y equidad.
Llama la atención lo ocurrido en Honduras en el 2013 cuando mediante argumentos artificiosos de la necesidad de reducir la pobreza y lograr competitividad, el Congreso Nacional, dirigido por Juan Orlando Hernández, hizo una serie de reformas constitucionales, incluyendo artículos pétreos.
Todo para aprobar la Ley de las ZEDE, proporcionándoles ventajas superiores a las que se le dieron a las compañías bananeras cuando empezaron a instalarse en el país en 1899. Las concesiones otorgadas a las ZEDE han convertido el territorio nacional en pequeños Estados, con autonomía territorial, funcional y fiscal.
El marco legal de las ZEDE se derogó en este Congreso, no obstante, para que entre en vigencia debe ratificarse en la presente legislatura. Ningún diputado se ha pronunciado para poner en debate el tema.
En estas condiciones, la ZEDE Próspera ha iniciado acciones legales demandando al Estado por más de 10,775 millones de dólares, aunque las inversiones que ha hecho es de unos 100 millones.
Con esta acción la empresa piensa hacerse de las ganancias que podría tener por los 50 años que duraría la concesión otorgada; dejando, en caso de que prospere la demanda, las finanzas del Estado hondureño en situación de calamidad.
Hasta ahora, los gobiernos, a través de la historia, han sido generosos con el capital extranjero y mezquinos con las necesidades de sus habitantes.
Según la Constitución de la República, el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia, garantizando los derechos de niños y niñas en aplicación de acuerdos internacionales.
En el mes de julio recién pasado, murió una niña en San Pedro Sula, una niña de apenas un año que estaba bajo custodia de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf). Murió por desnutrición, por hambre.
Toda persona tiene derecho al trabajo, dice nuestra carta magna, sin embargo, según datos estadísticos hay más de dos millones de personas con problemas de empleo.
En el mismo Estado, se despide a centenares de trabajadores, los contratos colectivos en la instituciones autónomas y semiautónomas del Estado son irrespetados y los sindicatos han sido destruidos o intervenidos.
Los titulares de esas dependencias se han vuelto cómplices de la violación de las normas laborales.
Las garantías sociales y económicas se han vuelto ilusorias para la mayoría de la población.
