El diagnóstico es mortal y no admite más demoras: la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) arrastra un pasivo superior a los 4,500 millones de dólares -equivalente a un asfixiante 11% del Producto Interno Bruto (PIB)-, mientras el sistema evapora el 38% de la energía que genera antes de que llegue a facturarse. Estas cifras, recogidas en un reciente análisis del Centro de Pensamiento Sendas sobre la reforma eléctrica, reflejan la magnitud de una crisis que ya no admite paliativos. Frente a este escenario, el anteproyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional representa el intento de reconfiguración estructural más ambicioso del sector en la última década. El diseño institucional propuesto apunta en la dirección correcta, pero en materia de reformas el éxito se mide por resultados tangibles, no por las buenas intenciones plasmadas en el papel.
En el plano de los aciertos, la nueva arquitectura institucional da en el blanco. Fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) con autonomía financiera y patrimonio inembargable, y trasladar el control del despacho a un Operador del Sistema y del Mercado (OSM) independiente y seleccionado por méritos, corrige el histórico conflicto de interés en el que la ENEE actuaba simultáneamente como juez y parte: generaba, distribuía y controlaba el mercado. Asimismo, la división de la estatal en sociedades mercantiles independientes de generación, transmisión y distribución promete la transparencia contable que el país necesita.
Sin embargo, los vacíos del proyecto amenazan con neutralizar sus propios avances. El peligro más inmediato es el del “botín político”. El decreto construye los contenedores institucionales adecuados, pero deja una preocupante ambigüedad sobre quiénes los ocuparán. Flexibilizar en exceso los requisitos para los comisionados de la CREE o reducir la junta del OSM abre la puerta al clientelismo de siempre. Además, insistir en mantener a la ENEE como una “sociedad matriz” constituye una redundancia burocrática que podría convertirse en refugio de personal ineficiente y en una nueva vía para la interferencia política. Una reforma genuina exige planes de depuración rigurosos por subsidiaria y una gobernanza blindada bajo estándares internacionales, como las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), operando bajo criterios estrictos de eficiencia corporativa.
El olvido más grave de la propuesta es de carácter temporal y financiero. Al limitar las licitaciones a contratos de muy corto plazo -apenas el siguiente año calendario- se dificulta la incorporación de nuevas tecnologías y fuentes de generación más competitivas que requieren años de maduración, condenando al país a contratos de emergencia más costosos.
Pero el verdadero talón de Aquiles de la reforma es la ausencia de un plan financiero integral. Separar las empresas no las vuelve mágicamente viables si no se atacan las pérdidas no reconocidas, estimadas en 500 millones de dólares anuales. Reducir el hurto de energía requiere una acción firme del Estado; normalizar el impago promueve una cultura de cumplimiento y priva a las nuevas distribuidoras de los recursos necesarios para invertir. De igual forma, el decreto guarda silencio sobre el destino de la deuda histórica acumulada: si la nueva empresa de distribución nace arrastrando ese pasivo, nacerá financieramente quebrada.
