Semana Santa 2026
Julio Raudales, actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle, en un popular programa de la televisión nacional hacía referencia a una experiencia personal que le tocó vivir cuando ocupó una cartera ministerial en el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014). Refería el rector Raudales que en cierto momento le tocó negociar un préstamo millonario con el Banco Mundial, este le puso como condición al gobierno la aprobación de una ley de servicio civil independiente. Al hacer las consultas correspondientes la respuesta fue negativa; la posibilidad de nombrar personal entre el activismo político en la administración pública es la única prerrogativa que tienen los líderes del partido para estimular a sus electores.
En cada gobierno, sobre todo cuando asume el control de la administración pública el partido contrario, se ve un desfile de los activistas en todas las oficinas gubernamentales presentando sus documentos personales a la espera de ser llamados para ocupar un puesto en la planilla de empleados gubernamentales. Muchos de los que son enlistados ni siquiera desempeñarán funciones que los haga acreedores a un salario o son ubicados en puestos para los cuales no tienen ninguna preparación, haciendo a un lado recursos humanos con experiencia y alguna calificación, en los cuales el Estado ha invertido en su formación.
Los especialistas en temas de administración de recursos laborales recomiendan poner énfasis en los principios de igualdad de oportunidad para todos, selección con base en méritos y estabilidad en el puesto. Un buen gobierno no es aquel que busca resolver los problemas del desempleo a partir de los recursos estatales, por el contrario, busca crear las condiciones de generación de puestos de trabajo en el sector privado.
En la experiencia del servidor público en el caso de Honduras, hay lo que algunos llaman un sistema de botín político, donde el funcionario electo o nombrado en un puesto de la administración pública se considera con la suficiente autoridad para ubicar a sus parciales políticos, y el activista, con el suficiente derecho a ocupar un puesto en cualquier dependencia estatal. En este sistema se utiliza el Estado como un medio para pagar favores y, además, como un recurso para agenciarse los votos que garanticen la continuidad del partido en el poder. Una práctica que ha sido consustancial en la historia del sistema político hondureño, la misma se ha convertido en una cultura que permite que esto se vea como normal.
Es poco probable que los políticos renuncien a la prerrogativa de basar su activismo en el clientelismo, el día que lo hagan, tendrían que reinventarse y hacer política con un enfoque diferente, impulsando propuestas de desarrollo y creación de un sentido de ciudadanía, en el cual la persona participe en política en función de una idea colectiva de progreso y desarrollo, donde todos tengan expectativas de bienestar y crecimiento.
Es deprimente ver que cada cuatro años en el sector público se sigan dando acciones masivas de destitución de personal, donde el despido, para muchos, significa el deterioro total de su condición humana.
