Las venas abiertas de Honduras están en su sistema eléctrico. Decir que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) está quebrada es refugiarse en un eufemismo cobarde; la estatal no enfrenta simplemente una crisis financiera: ha sido desguazada, desvalijada y mutilada por décadas de corrupción, decisiones políticas y una administración sometida demasiadas veces a intereses que poco tuvieron que ver con la eficiencia del servicio público.
Hoy, en los pasillos del Congreso Nacional y en los despachos donde se discuten las reformas al subsector eléctrico, el debate nos arrastra hacia un dilema insoportable: ¿cómo salvar una empresa estratégica para el país sin convertir su crisis en la oportunidad perfecta para transferir sus beneficios al mejor postor bajo la narrativa seductora de la modernización?
Por un lado, la política oscura y los profetas del libre mercado pueden encontrar en la crisis el escenario perfecto para presentar cualquier participación privada como la única salida posible. Nos aseguran que abrir más espacios al capital privado permitirá desmantelar la ineficiencia estatal, reducir las pérdidas millonarias y poner fin a los apagones que paralizan ciudades enteras.
Pero sepamos leer las letras pequeñas de cualquier reforma: la experiencia hondureña demuestra que abrir un sector estratégico al capital privado no garantiza, por sí mismo, libre competencia ni tarifas justas. Demasiadas veces hemos terminado socializando las pérdidas y privatizando las ganancias; entregando espacios estratégicos a inversionistas particulares que acaban devorando los dividendos, mientras el Estado conserva los costos, los riesgos y las obligaciones.
Por el otro lado, la retórica del Estado ramplón resulta igual de nociva. Los sectores que enarbolan la bandera del “patrimonio nacional” exigen una salvación a ciegas, inyectando miles de millones de lempiras de los impuestos de una población que ya soporta demasiadas cargas en un barril sin fondo. Nos piden defender “lo nuestro”, pero ¿qué es “lo nuestro”? ¿Una empresa que durante años ha tolerado pérdidas de energía que rondan el treinta y cinco por ciento? ¿Una estructura institucional marcada por ineficiencias, interferencias políticas y denuncias de corrupción?
Y ese porcentaje no es una abstracción contable. En 2025, las pérdidas de energía rondaron el 35 % y representaron más de 21,400 millones de lempiras. Son recursos que se pierden en un sistema que ya enfrenta enormes dificultades financieras y que, al mismo tiempo, debe responder a las necesidades de millones de hondureños que dependen de un servicio eléctrico confiable.
Defender el actual status quo de la ENEE no es defender la soberanía. Es defender un modelo que ha demostrado ser incapaz de garantizar un servicio eficiente y financieramente sostenible. Pretender que el Estado controle un sector estratégico sin reformarlo de raíz, sin auditorías rigurosas y sin despolitizar su administración es una utopía costosa que solo financia la parálisis nacional.
