Dieciséis años después se siguen arrastrando causas penales sin criterios estrictamente jurídicos, sino marcados por la confrontación política e ideológica. Es legítimo y necesario debatir sobre una nueva amnistía política que comprenda el período 2009–2025.
La amnistía es una institución reconocida en el derecho público y constitucional como un instrumento para cerrar ciclos de conflictividad política. Su finalidad no es gratificar delitos comunes, sino extinguir la acción penal en acusaciones derivadas, precisamente, de confrontaciones políticas e ideológicas dentro de una crisis institucional. Busca eliminar injusticias.
Cuando el sistema judicial está débil o cooptado, como el nuestro, por la oligarquía melista, la amnistía es un mecanismo de justicia restaurativa y pacificación social.
En Honduras el sistema de justicia no resuelve con imparcialidad varios de estos procesos. Ni lo intenta. Las medidas cautelares arbitrarias, la negativa a revisar expedientes, la prolongación injustificada de recursos, el irrespeto a derechos, creo la percepción de un Poder Judicial sojuzgado por intereses sectarios no los de la Justicia.
La amnistía, hoy es la única vía para liberar a personas que enfrentan procesos claramente politizados. Se deja claro que la amnistía propuesta es diferente a la amnistía surgida en el contexto del Pacto de Cartagena, menos a la del llamado Pacto de Impunidad. Aquel acuerdo respondía a una coyuntura, buscaba un orden político tras la crisis. El otro, a dejar en la impunidad escándalos de corrupción, contraviniendo convenios internacionales de los que somos signatarios.
La actual coyuntura exige otra legislación, una amplia y orientada a cerrar el ciclo de persecución política existente. Fuera, dentro y fuera del poder. Esta amnistía, bien delimitada y jurídicamente valida, será instrumento para la reconciliación nacional. Los expedientes judiciales no pueden ser armas partidarias ni ideológicas. La reconciliación se construye con justicia.
