Si la de los años ochentas significó un retroceso en la vigencia de los derechos humanos al implementarse la Doctrina de Seguridad Nacional y la pérdida de los últimos vestigios de soberanía, las coyunturas acumuladas en estos últimos diez años representan un agravamiento sistémico con implicaciones devastadoras en distintos órdenes.
El golpe que derrocó al presidente constitucional Zelaya significó un retroceso en el lento aprendizaje y construcción de la democracia, sustituido por un creciente autoritarismo que encuentra en la represión el único método para canalizar la protesta colectiva. La creciente polarización que divide a los compatriotas es consecuencia directa de la defenestración, acrecentando la ingobernabilidad e ilegitimidad institucional, acompañada de la incertidumbre y pérdida de fe en el modelo económico, político y social actual.
La manipulación del resultado electoral en noviembre 2017, con saldo de al menos 22 víctimas de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido otro factor clave en la creciente confrontación y crisis. Algunas tendencias acumuladas contribuyen a interpretar esta conflictiva década, entre ellas: militarización de la sociedad, con inversión estatal que prioriza la compra de armamento en demérito de la inversión social: salud, educación. Creciente autoritarismo y concentración de los tres poderes estatales en uno de ellos: el Ejecutivo, en tanto el Legislativo y Judicial pasaron a ser apéndices del primero. Acelerado endeudamiento interno y externo, alcanzando límites impagables heredando a las siguientes generaciones ruinosos, ineludibles compromisos.
¿Cuánto tiempo más llegarán las remesas enviadas por nuestros compatriotas, mismas que mantienen a flote la economía nacional? Injustificada secretividad, incluyendo el destino de los fondos recaudados por la Tasa de Seguridad, contribuyendo al fortalecimiento de la corrupción e impunidad. Diario EL HERALDO informa de distintas irregularidades en su utilización. Desempleo y subempleo en ascenso, lo que junto a la violencia y al deterioro ecológico impulsa a miles de personas al éxodo masivo hacia el exterior, en búsqueda de oportunidades y seguridad, en condiciones cada vez más adversas para sus propósitos. Entrega de recursos naturales comunitarios a consorcios privados bajo el modelo extractivista, provocando protestas colectivas. Deterioro ético de las dirigencias políticas, manipuladoras, cínicas, corruptas, que perciben el Estado como botín a saquear. Crecientes niveles de desigualdad social, concentración de la riqueza en minorías, resultado de la continua aplicación de un modelo fracasado: el neoliberalismo. Cese en la redistribución de tierras, fortaleciendo el latifundio, en perjuicio de la seguridad alimentaria. Empresas públicas colapsadas, ofreciendo deficientes servicios, en el contexto de la política de reducción del papel del Estado en salud, educación, energía, comunicaciones, infraestructura. Así estamos en una patria “vacilante e incierta”, como en su momento la calificó Francisco Morazán.
