Si tomamos en cuenta que existe un vínculo directo entre dinero, poder y democracia, es vital para el desarrollo de las sociedades contar con un ejercicio del periodismo que sea insobornable.
Lamentablemente, en nuestro país ya es una mala costumbre que el Gobierno de turno mantenga una planilla de dizque “periodistas”, que a cambio de “contratos de publicidad” o “coimas” se convierten en cómplices de aquellos gobernantes que mediante el ejercicio del poder y del dinero compran la conciencia de dueños y directores de medios de comunicación y a sus empleados “reporteros” para que oculten o minimicen actos de corrupción.
En un país como Honduras no se justifica ni legal ni moralmente el despilfarro de fondos del Estado para sobornar a un grupo de personas que se supone deben velar y estar atentos a la corruptela que cometen los funcionarios del Estado en todos sus niveles, tal y como ocurrió con el Gobierno que va de salida.
Es de conocimiento público la lista de por lo menos 77 comunicadores sociales que recibieron grandes sumas de dinero.
No se vale que si el Estado cuenta con sus propios canales estatales y en los que paga una gran planilla, también “mantenga esa otra lista” que ha avergonzado a un gremio tan importante, y peor aún, que se vuelven un mal ejemplo para las nuevas generaciones creyendo que “hay que ser igual que ellos, pues le entienden al trámite de ser serviles a cambio de dinero”, dinero que es del pueblo y que debería ser usado en salud y educación.
Un periodista tarifado es el equivalente a un médico que practica abortos clandestinos.
No decirle la verdad a un pueblo es algo que debe ser repudiado.
Esperemos que la presidenta Xiomara Castro, que viene muy bien respaldada, no continúe regalando el dinero a periodistas tarifados.
Lamentablemente, en nuestro país ya es una mala costumbre que el Gobierno de turno mantenga una planilla de dizque “periodistas”, que a cambio de “contratos de publicidad” o “coimas” se convierten en cómplices de aquellos gobernantes que mediante el ejercicio del poder y del dinero compran la conciencia de dueños y directores de medios de comunicación y a sus empleados “reporteros” para que oculten o minimicen actos de corrupción.
En un país como Honduras no se justifica ni legal ni moralmente el despilfarro de fondos del Estado para sobornar a un grupo de personas que se supone deben velar y estar atentos a la corruptela que cometen los funcionarios del Estado en todos sus niveles, tal y como ocurrió con el Gobierno que va de salida.
Es de conocimiento público la lista de por lo menos 77 comunicadores sociales que recibieron grandes sumas de dinero.
No se vale que si el Estado cuenta con sus propios canales estatales y en los que paga una gran planilla, también “mantenga esa otra lista” que ha avergonzado a un gremio tan importante, y peor aún, que se vuelven un mal ejemplo para las nuevas generaciones creyendo que “hay que ser igual que ellos, pues le entienden al trámite de ser serviles a cambio de dinero”, dinero que es del pueblo y que debería ser usado en salud y educación.
Un periodista tarifado es el equivalente a un médico que practica abortos clandestinos.
No decirle la verdad a un pueblo es algo que debe ser repudiado.
Esperemos que la presidenta Xiomara Castro, que viene muy bien respaldada, no continúe regalando el dinero a periodistas tarifados.
