Somos trabajadores de la salud pero ni el Ministerio de Salud quiere reconocernos como tales. Trabajamos desde hace muchos años en los programas descentralizados que esa secretaría maneja -ya sea con fondos propios o de organismos internacionales- en varios departamentos del país. En los tres años de pandemia del covid-19 fuimos piezas claves en la lucha contra esa enfermedad. Muchos nos contagiamos y pudimos sobrevivir, pero fueron muchos los compañeros que no lograron superar esa prueba.
Cuando el señor Juan Orlando dejó la presidencia para dar paso al gobierno de doña Xiomara aprobó un decreto en el cual se ordenaba que nuestras plazas fueran reconocidas en la estructura presupuestaria de Salud, es decir que nos dieran nuestros respectivos contratos. Y sí, debo reconocer que a algunos de nuestros compañeros les dieron sus plazas, pero a muchos no. Muchas de nuestras plazas fueron entregadas a los militantes del partido de gobierno y a los familiares de los diputados, alcaldes y líderes políticos de los departamentos donde trabajamos. Hoy, al final de un nuevo gobierno, seguimos con el mismo problema. No nos han pagado el mes de diciembre y los aguinaldos correspondientes, lo que nos ha obligado a salir a las calles a demandar nuestros pagos. Pero no tenemos a quien reclamar, porque todos se tiran la pelota. En Salud dicen que no dependemos de ellos, las unidades gestoras de los proyectos dicen que ya mandaron los papeles a Finanzas y en Finanzas nadie sabe nada. Todos los que hoy reclamamos nuestros salarios somos hondureños y hondureñas, con familias que dependen de nosotros. Somos trabajadores honestos que reclamamos el pago de un salario que nos hemos ganado cumpliendo nuestro trabajo en las zonas más remotas del país. Hoy solo queremos que nos paguen y que respeten nuestras plazas, nuestro derecho constitucional al trabajo.
