Entre las muchas paradojas que nos presenta la política y la administración pública hondureñas, destaca de manera especial el papel que está jugando la titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, abogada Ana Pineda.
En primer lugar, el ministerio que dirige fue creado por el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa, quien antes la había nombrado Comisionada presidencial de Derechos Humanos, lo que ya resultaba paradógico, tomando en cuenta que Honduras es uno de los países más pobres de Latinoamérica, en medio de una profunda crisis económica global, empeorada en nuestro país por la crisis política de 2009. Sin embargo, en vez de disminuir los gastos gubernamentales, más bien se han ido incrementando con la creación de más burocracia como la mencionada secretaría, cuyas dos funciones ya había antes quien las atendiera: el Poder Judicial, el Conadeh y las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
Pero, obviamente, lo más paradógico se presenta recientemente, cuando el presidente Lobo asigna a la ministra Pineda toda la estrategia para elaborar y promover reformas a la Ley de Telecomunicaciones.
Y es que resulta inaudito que la funcionaria del Poder Ejecutivo, teóricamente la encargada de custodiar o por lo menos velar por el respeto de derechos humanos, desde el Poder Ejecutivo, sea quien monte y dirija todo el andamiaje para la elaboración y aprobación de una ley que, en el fondo, lo que busca es conculcar uno de los derechos fundamentales de las personas y las sociedades: la libertad de expresión.
Esa intención de controlar a los medios de comunicación y sus contenidos ha desatado una ola de cuestionamientos desde prácticamente todos los sectores de la sociedad, ya que no solo se atentaría contra la libre empresa y contra lo establecido en la Constitución de la República y en otras leyes nacionales e internacionales, sino que vulnera derechos humanos inherentes a la persona humana.
Más como parte de la estrategia misma de “ablandamiento” social para que las cuestionadas reformas sean aprobadas, se montó la pantomima de la “socialización” en las que el gobierno ha oído las propuestas de otros sectores, pero no las ha incorporado al proyecto de ley que se teme sea aprobado esta misma semana en el Congreso Nacional.
De esta forma, la ministra hondureña de Justicia y Derechos Humanos enfoca sus esfuerzos en violar las leyes nacionales e internacionales y atentar contra los derechos de los hondureños. ¡Vaya paradoja!
