Por Stephanie Nolen/The New York Times
GOMA, República Democrática del Congo — En un caluroso día de noviembre del año pasado, Deborah M., una mujer de 22 años que vivía en un campamento para desplazados, decidió que tenía que arriesgarse.
No había comida para ella ni para sus tres hijos en el campamento, donde las raciones donadas eran crónicamente insuficientes, así que emprendió temprano una caminata de cuatro horas de regreso a la pequeña parcela de la que habían huido cuando los rebeldes respaldados por Ruanda ocuparon su aldea a principios de año.
Pensó que podría haber verduras para cosechar. Pero también sabía que podría toparse con rebeldes, soldados congoleños o miembros de una milicia local.
La apuesta de Deborah salió mal. No había comida en su huerto, y tres hombres armados la arrastraron a una casa abandonada, la golpearon y la violaron. Regresó al campamento por la noche. A la mañana siguiente, con lágrimas en los ojos, se ató a su hija de nueve meses a la espalda y caminó hasta una clínica.
En la clínica, dirigida por Médicos Sin Fronteras, la organización humanitaria internacional, los miembros del personal la guiaron a través de una serie de pasos que realizan cientos de veces a la semana: anticoncepción de emergencia, profilaxis para el VIH, vacunación contra la hepatitis y una sesión rudimentaria de asesoramiento grupal.
Una hora después, Deborah había terminado. Pero no se recogieron pruebas. No habló con las fuerzas del orden. Dijo que no denunciaría el ataque. “¿A quién?”, preguntó con indiferencia. “¿Para qué?”.
Durante décadas de combates en el este del Congo, y durante el conflicto actual que ha dejado al grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, en control de gran parte del este, las partes en conflicto de todos los bandos han atacado a mujeres y niñas.
Más de una docena de grupos de ayuda han tenido programas para “violencia de género” durante años; aunque las tasas de violencia sexual nunca han disminuido significativamente, las víctimas recibieron un apoyo rudimentario. Pero desde que el M23 tomó el control de la región, eso se ha venido abajo.
Los campamentos para desplazados fueron desmantelados por la fuerza. Las clínicas para víctimas de violación en los campamentos, incluyendo a la que acudió Deborah, fueron clausuradas. Y la suspensión de la ayuda exterior estadounidense por parte de la Administración Trump ha cortado el suministro a los hospitales locales.
Antes de que la guerra se intensificara a finales de diciembre, Jeanette Mafika atendía a 70 mujeres al mes en HEAL Africa, un hospital en Goma, por agresiones sexuales. En enero, la cifra ascendió a más de 100 al mes.
“Nos hemos acostumbrado a la situación —pero no la aceptamos”, declaró.
La región es rica en minerales, y hombres fuertes, como el Presidente Paul Kagame de Ruanda, han buscado controlarla. Los civiles tienen mucho tiempo de pagar el precio —antes de que la guerra se reanudara en diciembre, más de 2.8 millones vivían en campamentos para desplazados.
Mujeres y niñas, y un pequeño número de hombres y niños, sufren agresiones, tanto individualmente como en grupo, en ciudades, aldeas y zonas rurales remotas. Se ha comprobado que todos los grupos armados han cometido violencia sexual.
“No ven que se castigue a nadie y ahora hacen lo que quieren”, dijo Ezra Kambale, gerente de Dynamique des Femmes Juristes, un grupo que busca brindar asistencia legal a las víctimas. “Si se castigara a alguien, la situación cambiaría”.
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