Por Li Yuan / The New York Times
En abril del 2023, agentes de policía de una ciudad en la provincia meridional de Guangdong viajaron casi mil kilómetros al norte a Wuhan, detuvieron a 25 empleados de una empresa de redes sociales y obligaron a su personal de finanzas a transferir más de 41 millones de dólares a cuentas asociadas con la policía.
La policía afirmó que la empresa operaba un casino en línea, ilegal en China, que era utilizado por residentes de Guangdong bajo la jurisdicción de los agentes. La empresa negó la acusación.
“¿Esto es aplicación de la ley o un robo flagrante?”, dijo la compañía, Changxiangban, en un comunicado en su cuenta de red social WeChat. Este abril, la empresa, que tenía mil 600 empleados, dijo que se vio obligada a cerrar. El daño a su negocio había sido demasiado grande.
La policía china ha estado cruzando fronteras provinciales para realizar redadas en empresas. En el discurso oficial de China, la práctica ha sido categorizada como “aplicación de la ley con fines de lucro”. En las noticias y en línea, se le llama “pesca en alta mar”, comparando a la policía con los pescadores que se aventuran mar adentro en busca de su presa.
Los gobiernos locales de toda China enfrentan crecientes deudas, una caída en los ingresos fiscales y una presión cada vez mayor para explorar nuevas fuentes de ingresos. Para ayudar a llenar los vacíos presupuestarios abiertos por la crisis económica del País, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley se están aprovechando de empresas fuera de sus regiones de origen, por lo que a menudo son cargos criminales inventados o exagerados.
Las medidas represivas contra las empresas son parte del tejido político de China. Los vientos cambian y un director ejecutivo es llevado, o a veces sectores enteros caen en desgracia. Ahora, la práctica está tan extendida que el Politburó, el comité de toma de decisiones del Partido Comunista Chino, así como el Gobierno central y el Ministerio que supervisa la fuerza policial del País, han dado instrucciones a funcionarios de todos los niveles para que regulen la actividad policial relacionada con las empresas y detener la aplicación de la ley con fines de lucro.
Las acciones policiales son una señal de lo desesperados que están financieramente los gobiernos locales. A medida que el problema inmobiliario de China se convirtió en una crisis de confianza, las empresas se volvieron reacias a invertir y los consumidores reducen su gasto. Los ingresos tributarios del País cayeron 5.3 por ciento en los primeros tres trimestres de este año. Muchos gobiernos locales no pueden pagar los intereses de sus deudas, proporcionar algunos servicios públicos o incluso pagar a sus empleados.
Una compañía de licores reportó en una declaración regulatoria de junio que recientemente había pagado 12 millones de dólares en impuestos atrasados de 1994 al 2009. El mismo día, una compañía de ingeniería química en la provincia de Zhejiang reveló que un aviso de las autoridades locales decía que debía 69 millones de dólares en impuestos atrasados de hace décadas.
Las revelaciones provocaron tanta preocupación que la administración tributaria central se sintió obligada a decir que no estaba organizando auditorías a nivel nacional ni planeando investigaciones, remontándose 20 o 30 años.
Pero muchas empresas dijeron que eso no era cierto. Un promotor inmobiliario dijo que su empresa se había visto obligada a pagar elevados impuestos que databan de hace dos décadas, y que el Gobierno local se aseguró de que nadie hablara de ello en los medios de comunicación o en las redes sociales.
“Cuando el tigre tiene hambre, ¿qué crees que le pasaría al cordero?”, dijo el desarrollador.
© 2024 The New York Times Company
