John Eligon y Tavares Cebola/The New York Times
En octubre, viajamos a la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, para comprender cómo los terroristas que afirman tener una afiliación con el Estado Islámico se han afianzado y causado estragos.
Los funcionarios de la región y de Occidente dicen que les preocupa que si no se contiene a la filial del Estado Islámico conocida como ISIS-Mozambique, podría convertirse en una amenaza global mayor.
Lo que los lugareños llaman “la guerra” ha despojado a la región de lo que era una vida en gran medida pacífica de pesca y agricultura.
Casi 6 mil personas han muerto y hasta la mitad de los 2.3 millones de habitantes de la provincia han sido desplazados. Encontrar comida y refugio se ha convertido en una lucha diaria en una provincia rica en recursos naturales como rubíes, gas y madera.
Desde nuestra visita, el País se ha vuelto más tenso. Tras unos disputados comicios presidenciales, Mozambique se ha visto envuelto en la peor violencia relacionada con elecciones desde que terminó una larga guerra civil en 1992.
Decenas de miles de personas han salido a las calles de todo el País para protestar por un resultado que muchos creen fue manipulado por el partido gobernante, Frelimo. Casi 300 personas han muerto durante las protestas, afirma la Plataforma Electoral Decide, un grupo de la sociedad civil.
Además de eso, Cabo Delgado y la provincia de Nampula, al sur, fueron azotadas por el ciclón Chido en diciembre, que mató al menos a 120 personas, desplazó a decenas de miles y dejó a muchos sin alimentos ni agua potable.
En medio del caos, los ataques insurgentes han aumentado considerablemente en Cabo Delgado, creando incertidumbre después de que funcionarios del Gobierno dijeron que habían derrotado en gran medida a ISIS-Mozambique.
No hay duda de que la insurgencia está en su punto más débil, dicen diplomáticos y analistas de seguridad, restando unos cuantos cientos de combatientes de varios miles. Esto se debe principalmente a que tropas internacionales, encabezadas por el Ejército de Ruanda, han ayudado a las mal equipadas fuerzas armadas de Mozambique.
Pero los insurgentes se han dividido en pequeños grupos dispersos por los bosques de la provincia, dijeron expertos en seguridad. Los ataques son menores que en el pasado, pero fueron más frecuentes en el 2024 que en el 2023.
“El Gobierno está haciendo lo mejor que puede”, dijo Valige Tauabo, gobernador de Cabo Delgado.
Mocimboa da Praia, un pueblo de pescadores, fue la cuna de la insurgencia. En octubre del 2017, los insurgentes invadieron una estación de policía allí y mataron a dos agentes. En aquel entonces, el grupo se hacía llamar Al Shabab (los analistas dicen que no está afiliado con el Shabab en Somalia). Los investigadores dicen que comenzó a formarse alrededor de 2005, cuando las enseñanzas de clérigos extremistas de Tanzania comenzaron a infiltrar las mezquitas y madrasas de Cabo Delgado.
Para conseguir reclutas, los extremistas dijeron a los lugareños que mientras batallaban con la pobreza, su tierra era rica en recursos naturales. Reservas de gas natural que habían atraído unos 24 mil millones de dólares en inversión extranjera se encontraban en las aguas frente al poblado costero de Palma.
El resentimiento hacia el Gobierno creció con reportes de que militares atacaron o mataron a civiles en Palma. Pero el mensaje inicial de los insurgentes rápidamente se perdió en su brutalidad.
En marzo del 2020, militantes islamistas reunieron a los aldeanos en un campo en Mocimboa da Praia y les advirtieron que no se asociaran con el Gobierno, o “vamos a decapitar a todos”, recordó Sanula Issa.
Un par de semanas después, dijo, una mañana despertó sobresaltada por disparos.
Corrió a la playa con su esposo y sus tres hijos, dijo, y trató de subirse a botes con otras personas. Pero los insurgentes agarraron a su marido y lo decapitaron con un machete, dijo Issa, de 33 años.
“Son malévolos”, dijo. “Arruinaron la vida de la gente”.
Cuando los insurgentes capturaron a Cheia Cassiano en Mocimboa da Praia a principios del 2020, le ofrecieron una opción: puedes unirte a nosotros o podemos matarte. Durante el año siguiente, Cassiano, de 37 años, dijo que los insurgentes lo obligaron a atacar aldeas.
Cassiano dijo que su casa había sido incendiada. La ha reconstruido y ahora vende pescado, pero le falta la mano derecha. Dijo que tuvo una disputa con los insurgentes por una bicicleta que se llevó de una aldea que asaltaron. Lo acusaron de robársela a un líder de grupo, dijo, y le amputaron la mano.
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