La Corte Suprema de Estados Unidos afirmó ayer que se pronunciará sobre la polémica ley de Arizona contra los inmigrantes ilegales. Los magistrados revisarán el fallo de una corte federal de apelaciones que bloqueó varias estrictas disposiciones de la ley de Arizona.
Una de las disposiciones ordena a la policía estatal interrogar a las personas sobre su estado migratorio si se sospecha que se encuentran ilegalmente en el país. El gobierno del presidente Obama asegura que la regulación de la inmigración es trabajo del gobierno federal y no de los estados. En contraposición, el estado de Arizona afirma que el mandato actual no está tomando las medidas necesarias para enfrentar a la inmigración ilegal.
Las leyes expedidas por los estados de Alabama, Carolina del Sur y Utah también enfrentan demandas judiciales entabladas por el gobierno de Obama. Al mismo tiempo, organizaciones particulares han presentado demandas contra medidas de inmigración adoptadas por los gobiernos de Georgia e Indiana.
En su solicitud a la Corte Suprema para que revise el caso de inmigración, Arizona destaca la opinión del gobierno de que los estados 'no tienen poder para usar sus propios recursos a fin de cumplir con los estándares federales de inmigración sin la expresa aprobación del ejecutivo, afecta la base de nuestro sistema de nación con soberanía doble y federalismo cooperativo'. Muchos estados y gobiernos locales han tomado medidas con el objeto de contrarrestar los efectos de la inmigración ilegal, añade el estado.
Documentos
Al mismo tiempo, el departamento de seguridad nacional (DHS por sus siglas en inglés) entregó ayer al subcomité para política migratoria de la cámara baja un listado de nombres y huellas dactilares de extranjeros sin autorización para residir en Estados Unidos que fueron arrestados entre noviembre del 2008 y octubre del 2011, pero cuya deportación no se gestionó.
Los siete miembros republicanos votaron para que se emitiera una orden de forzoso cumplimiento para que DHS entregara la información, requerida desde el 22 de agosto. Los cuatro demócratas integrantes del comité votaron en contra de la orden.
Lamar Smith, presidente del comité judicial al que está adscrito el subcomité para política migratoria, declaró que está 'complacido de que DHS haya decidido finalmente trabajar con el comité y cumplir con la orden de forzoso cumplimiento. La cooperación debió haberse producido hace mucho tiempo'.
'El pueblo estadounidense tiene el derecho a saber cuáles crímenes han cometido cientos de miles de inmigrantes criminales e ilegales después de que ICE decidiera no detenerlos', dijo Smith usando las siglas en inglés de la oficina de inmigración y aduanas. El ICE está adscrito a DHS.
La secretaria de seguridad nacional Janet Napolitano anunció en agosto que las autoridades migratorias concentrarán las deportaciones en inmigrantes con antecedentes criminales, después de que organizaciones pro inmigrantes se quejaran del impacto que las deportaciones han provocado, las cuales alcanzaron un nivel sin precedente de 392,000 personas en 2010, comparado con las 350,000 de 2009 y las 174,000 de 2004.
El gobierno de Obama fracasó en sus primeros dos años al intentar cambiar la ley de inmigración, mientras que los republicanos dejaron en claro que rechazarían lo que consideran como intento de brindar amnistía a quienes residen ilegalmente en el país.
El presidente Obama aspira a la reelección y el voto hispano juega un papel fundamental en las probabilidades de victoria del presidente demócrata.
El tema de la inmigración ilegal es uno de los temas destacados en la lucha por la presidencia de los Estados Unidos. La problemática continuará siendo un asunto clave en el proceso de nominación presidencial hasta las elecciones en noviembre de 2012.
