Tegucigalpa, Honduras
Pese a la infinidad de actos de corrupción que se han reportado en todas las esferas gubernamentales, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en los últimos siete años solamente remitió al Ministerio Público (MP) 132 informes con indicios de responsabilidad penal.
Estos fueron por la supuesta comisión de delitos encontrados en auditorías realizadas en instituciones del sector público, lo que solo demuestra las falencias del ente contralor y anima a los nuevos magistrados a fortalecer la institución promoviendo reformas en su ley orgánica para hacer más expeditas las auditorías e investigaciones de los funcionarios públicos.
De esta totalidad, 62 eran expedientes del delito de enriquecimiento ilícito, de los cuales solo en 39 se encontraron indicios de la comisión de este delito, sin embargo solo 30 fueron remitidos por el ente contralor al MP.
El perjuicio económico para el Estado hondureño asciende a más de 133.3 millones de lempiras.
El documento detalla que en 2010 se remitió un solo expediente a la Fiscalía, mientras que en 2011 no se reportaron este tipo de denuncias.
En 2012 fueron enviadas cuatro y en el año 2013 se remitieron 13 por supuesto enriquecimiento ilícito. Posteriormente, en 2014 se envió una, en 2015 se registraron siete y en este año se reportaron cuatro.
Sobre el delito de enriquecimiento ilícito de policías fueron 29 los remitidos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), pero solamente ocho fueron finalizados; en cuatro de ellos se encontraron indicios de enriquecimiento ilícito por 34.3 millones de lempiras, mientras en los restantes cuatro no se encontraron indicios.
Sin embargo, otros cinco expedientes de policías están en proceso con avances significativos, pero será esta nueva administración la que los concluirá y determinará si tienen indicios de enriquecimiento ilícito.
Procuraduría
Las cifras se disparan cuando de responsabilidades civiles se refiere.
Y es que en los siete años de mandato de los exmagistrados del TSC, se remitieron a la Procuraduría General de la República (PGR) 2,596 expedientes.
En este sentido, la PGR tiene la obligación de ejercer las acciones legales pertinentes a fin de reparar el perjuicio económico ocasionado al Estado.
Denuncias
Otro de los pobres resultados de la anterior administración del TSC fue la cantidad de denuncias ciudadanas admitidas por el ente contralor.
En los siete años se recibieron 2,018 denuncias de parte de la ciudadanía, de estas en 389 se concluyó la investigación, 755 se desestimaron, 711 fueron trasladadas a otras dependencias y 163 están en proceso, según revela el informe final del TSC.
Retos
La nueva administración, que asumió el cargo hace algunas semanas, tiene que afrontar una serie de retos para acabar con la corrupción gubernamental y ponerle punto final a la impunidad en Honduras.
Uno de estos es determinar oportunamente actos de enriquecimiento ilícito, es decir que se tiene que eficientar las investigaciones.
Asimismo, generar una interlocución sistemática con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y actores clave de la sociedad civil comprometidos con la transparencia.
Además, deberán tener mayor control de los activos, pasivos y patrimonio del Estado, entre otros.
Recursos
Pese a que el TSC no es un ente recuperador de recursos económicos, en estos últimos siete años más de 125.7 millones de lempiras fueron depositados en las arcas del Estado.
Esto por concepto de pagos que directamente efectuaron los ciudadanos que reconocieron haber incurrido en irregularidades detectadas en auditorías y decidieron reparar el daño ocasionado al patrimonio estatal.
De 6,382 resoluciones de responsabilidad que fueron notificadas por el ente contralor en siete años, el perjuicio económico fue de 5,000 millones de lempiras y 9,700 dólares.
El Tribunal Superior de Cuentas en estos últimos años fue dirigido por los magistrados Miguel Ángel Mejía, Daysi Oseguera de Anchecta y Jorge Bográn.
