Tegucigalpa, Honduras.- A menos de cuatro meses de las elecciones generales en Honduras, previstas para el 30 de noviembre, el proceso enfrenta uno de sus mayores retos institucionales desde la creación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La renuncia de la consejera Ana Paola Hall y la parálisis en la toma de decisiones ponen en entredicho la posibilidad de contar con tres instrumentos técnicos que, en los últimos años, han sido esenciales para fortalecer la transparencia del sistema electoral.
Las herramientas son el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), la identificación biométrica del electorado y la auditoría externa del proceso.
Aunque los comicios no están, por ahora, en riesgo de ser suspendidos, distintos analistas coinciden en que, sin estos mecanismos, el proceso pierde garantías fundamentales y abre la puerta a cuestionamientos sobre su integridad. La posibilidad de ir a elecciones no equivale a realizar votaciones legítimas.
Cronograma bajo presión
El cronograma electoral, ajustado desde el pasado 7 de julio, incluía fechas clave para la contratación de estos mecanismos.
Para el TREP, la recepción de ofertas estaba programada para el mismo 7 de julio, la adjudicación para el 29 de julio, y la firma del contrato para el 19 de agosto.
El sistema biométrico debía adjudicarse el 14 de agosto y firmarse el 3 de septiembre. En cuanto a la auditoría externa, el cronograma prevé su adjudicación el 21 de agosto y su formalización el 31 del mismo mes.
Sin embargo, la crisis interna del CNE ha dificultado el cumplimiento de estos plazos. La incertidumbre generada por la renuncia de Hall, aún no oficializada por el Congreso Nacional, ha bloqueado decisiones estratégicas, y amenaza con paralizar la ejecución de los contratos.
Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), adviertió que el margen de maniobra es cada vez más estrecho.
“Los plazos están definidos y aún es posible cumplirlos, pero si no se actúa con urgencia, la responsabilidad caerá sobre el Congreso, que tendría que autorizar contrataciones directas con plazos más reducidos, lo que impactaría negativamente en la calidad del proceso y generaría mayor desconfianza”, explicó.
Hernández calificó la situación como una “crisis inminente” y lamentando que los actores políticos no estén priorizando el interés democrático.
“Estamos ante una coyuntura en la que algunos sectores buscan deliberadamente debilitar el proceso electoral para favorecer estrategias propias”, asegura.
El politólogo Héctor Soto señala que el proceso electoral aún puede desarrollarse con lo que denomina “condiciones mínimas”: papeletas, urnas, juntas receptoras de votos y funcionarios capacitados.
“Con eso se puede organizar una elección, sí, pero sin tecnologías como el TREP, la biometría o una auditoría independiente, el proceso pierde calidad, transparencia y credibilidad”, sostuvo.
Soto aclaró que estos mecanismos no son indispensables para celebrar una elección, pero sí lo son para garantizar su legitimidad.
“Estamos en riesgo de volver a elecciones al estilo de décadas pasadas, donde el conteo manual y la falta de supervisión permitían todo tipo de irregularidades”, señaló
Para el analista Omar García, lo que ocurre no es casual. Lo interpreta como parte de una estrategia de los partidos tradicionales —Nacional, Liberal y Libre— para desmantelar los avances en fiscalización que evidenciaron sus debilidades en procesos recientes.
“El tripartidismo no quiere herramientas que lo expongan. Por eso están dejando vencer los plazos y después dirán que no hubo tiempo para contratar. No es incapacidad, es cálculo político”, afirmó.
García alertó que la intención detrás de esta maniobra es desmovilizar el voto ciudadano. “Si la gente pierde la fe en el proceso, no participa. Y si no hay participación masiva, las maquinarias partidarias imponen su fuerza”, explicó.
Según él, esto podría favorecer el control del poder por parte de las cúpulas políticas tradicionales y cerrar el paso a candidaturas emergentes como la de Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad (Pinu).
¿Todavía hay tiempo?
Pese al deterioro institucional, los expertos coinciden en que aún es posible cumplir con el cronograma y contratar los servicios necesarios si se actúa de inmediato. La clave está en no permitir más dilaciones políticas.
“Se puede hacer. Aún hay tiempo, pero la ventana se cierra rápido. Si se pierde esta oportunidad, las elecciones serán técnicamente posibles, pero políticamente cuestionables”, advirtió el directivo de ASJ.
La pregunta de fondo es si el país está dispuesto a celebrar unos comicios sin las herramientas que garantizan su integridad.
Porque si bien es posible votar sin TREP, sin biometría y sin auditoría, también es posible que el resultado de esas elecciones no sea aceptado por la ciudadanía. Y sin legitimidad, ninguna elección fortalece la democracia.
Aunque Soto, por su parte, sostiene que lo más responsable para la estabilidad democrática sería que Hall continúe en su cargo.
“Su renuncia no solo reconfigura el poder dentro del CNE, sino que expone la fragilidad interna del Partido Liberal, donde ya hay fracturas entre corrientes lideradas por Yani Rosenthal, Carlos Flores y Salvador Nasralla. Sin cohesión, el Partido Liberal no puede sostener su posición dentro del ente electoral”, afirmó.
