El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) será recusado para conocer y emitir su voto en torno al recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de Depuración Policial. Al no existir unanimidad en la Sala Constitucional, el pleno de los 15 magistrados decidirá si deroga o no el Decreto 89-2012, que contiene dicha ley.
En los próximos diez días, Rivera Avilés deberá convocar al pleno para dictar una sentencia sobre este recurso.
Uno de los recurrentes, el abogado Adán Cálix, informó que recusará al presidente de la CSJ para que no conozca el recurso.
Argumentó que la ley prohíbe a funcionarios judiciales emitir opiniones de las causas que están conociendo o que puedan conocer.
En este caso, dijo que Rivera Avilés externó estar de acuerdo con la aplicación del polígrafo y otras pruebas de confianza. A la recusación acompañará evidencias, como grabaciones de supuestas declaraciones vertidas por el titular de la CSJ.
Igual suerte correría el vicepresidente de la CSJ, Tomás Arita Valle, quien al parecer ya se habría pronunciado públicamente sobre su posición favorable a la práctica de las pruebas de confianza. Si ya externaron una opinión su posición en el pleno no sería imparcial, dijo. La recusación la interpondrá cuando el expediente llegue al pleno.
