El Ministerio Público (MP) interpuso en los tribunales de justicia siete acusaciones por delitos ligados a actos de corrupción.
En el primer caso, la Fiscalía formalizó acusación contra el exministro de Finanzas, Héctor “Tito” Guillén por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y fraude, informó Marvin Cruz, portavoz del MP.
El caso refiere a la denuncia que expuso el periodista Ariel D’Vicente por un contrato de arrendamiento de seis fincas camaroneras en Choluteca.
Guillén fungió como titular de Finanzas y presidente del grupo camaronero Honduras Ibermar, que administraba el Estado.
Sin subasta, Guillén firmó un contrato de arrendamiento de las fincas por 500,000 lempiras, por un período de 18 meses.
La Fiscalía comprobó que las seis fincas y la procesadora Ibermar generaban al año una utilidad al Estado por 3.3 millones de lempiras.
Con la operación se configura una supuesta responsabilidad penal de Guillén, ya que generó pérdidas al Estado, afirmó.
Además, se dispuso que los camarones fueran procesados por otras empresas, aparte de Ibermar. Este requerimiento se presentó en la Corte Suprema, para que se evacue proceso contra altos funcionarios, por ser Guillén un diputado.
Las restantes seis acusaciones se interpusieron ante el Juzgado Penal de Tegucigalpa.
En una de ellas, la Fiscalía contra la Corrupción acusó al exministro de Salud, Arturo Bendaña, por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y fraude.
El caso refiere a la licitación 021-2010 SS, referida a la compra de medicamentos por 457.5 millones de lempiras.
Además, se acusó a Moisés Torres López, gerente administrativo de Salud, por abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Asimismo, se acusó por violación a los deberes de los funcionarios a Martha Vásquez, María de los Ángeles Fúnez, Silian Zavala, Mirza Ruiz y Cristian Bautista, quienes fungieron en la comisión de evaluación para revisar las ofertas de licitación.
“Violentaron las normas de carácter científico, ya que no se contó con el dictamen legal en el proceso de licitación, tampoco se hizo revisión de los componentes químicos en los medicamentos”, expresó el vocero.
Más acusaciones
En el tercer requerimiento fiscal se acusa a Rosa Bellino, Wendy Elvir, Normandina del Carmen Ortiz y Moisés Cruz, exfuncionarios de Hondutel en la gestión de Marcelo Chimirri, como a Lenin Baquedano y Kenia Martínez.
La Fiscalía los acusa por violación a los deberes de los funcionarios, fraude, encubrimiento, falsificación de documentos públicos, uso indebido de nombres y hurto continuado por el uso fraudulento de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
Los dos particulares simularon ser empleados de una empresa para que Hondutel les instalara un call center. Con la fraudulante operación el Estado perdió 5.6 millones de lempiras.
Por otro lado, la Fiscalía interpuso dos acusaciones por enriquecimiento ilícito, por informes del Tribunal Superior de Cuentas.
Una contra Nadina Quiñónez, quien fungió como administradora de Prolote y Fosovi, quien obtuvo incremento de su capital personal por un monto de 1.9 millones de lempiras. El otro es contra Erasmo Portillo, exdirector del INA, a quien se le encontró un injustificado incremento a su capital por 2.6 millones de lempiras.
La Fiscalía acusó por violación a los deberes de los funcionarios y fraude a Reina Pérez, Blanca Chávez, Rafael Cerrato, Gregorio Reyes, Carlos Castillo y Luis López, exfuncionarios del ministerio de la Presidencia en el gobierno interino de Micheletti.
Asimismo, a Luis Vallecillo y Mirian Velásquez, por estafa y uso de documentos falsos.
Según la Fiscalía, se emitieron cheques por 1.7 millones de lempiras para becas otorgadas a terceras personas.
Finalmente, se acusó al exalcalde de Valle de ángeles, Manuel Torres y Raidel Pineda, por abuso de autoridad y fraude. Se ocasionó pérdida por 2.7 millones de lempiras en una irregular construcción de un puente sin licitar.
