Los fondos del Instituto de Previsión del Profesional del Derecho (IPPD) están garantizados.
Así lo afirmó el gerente de esta dependencia del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Josué Argeñal.
Hace unos días directivos del CAH alertaron sobre una crisis financiera en el IPPD, al grado de afirmar que no existían fondos para pagar la planilla a unos mil abogados jubilados, que asciende a unos 4.5 millones de lempiras.
“El Instituto está financieramente sólido, va a cumplir con sus obligaciones con los jubilados, se les va a pagar cada 25, como siempre”, aseguró Argeñal.
La entidad que a su juicio “está en rojo” es el CAH, en virtud de que existió un doble gasto en la asamblea general del 30 de abril, cuando asumieron los nuevos directivos. Se alquilaron hoteles en Tegucigalpa y Juticalpa, Urtecho quería que la asamblea se celebrara en la capital, pero se celebró en Olancho.
Sin embargo, explicó que históricamente se entregan finanzas en rojo debido al gasto excesivo de la asamblea.
Por lo consiguiente, afirmó que el desfase financiero se registra en esta época desde las últimas tres administraciones, que se supera en los dos meses subsiguientes.
Dijo que no existen razones para alarmar al gremio aseverando que no hay fondos ni para pagar a jubilados. “Llamamos a la cordura y la prudencia al actual presidente, el amigo Roy David Urtecho, al abogado Óscar García, para que no continúen con este tipo de anuncios, ya que esto crea una incertidumbre”, dijo.
“Quiero decirles a los jubilados que estén tranquilos, sus pagos los van a tener sin ningún problema”, dijo.
Igualmente explicó que en las últimas tres administraciones se han utilizado reservas producto de las exigencias de la asamblea de crear capítulos.
En lo que su gestión corresponde afirmó que los fondos se manejan con transparencia y explicó que en activos y pasivos el IPPD maneja 220 millones de lempiras, un fideicomiso de aproximadamente 60 millones y el CAH les adeuda 35.6 millones.
Abuso de poder
Argeñal lamentó que en la pasada asamblea no se le permitió dar a conocer el informe del IPPD.
Asimismo, deploró que la nueva directiva del CAH le haya suspendido el uso de su firma. “No se nos escuchó el principio de derecho de defensa y de inocencia se ha violentado, no se ha sido objetivo”, lamentó.
El que se le haya despojado su facultad de firmar, de ser secretario de la directiva y manejo de personal, la calificó como “una decisión ilegal e inmoral”. “Hay un poder absoluto, hay un exceso y abuso de poder, llamo a los directivos que reflexionen y rectifiquen”, señaló. Cree que Urtecho pretende elevar su perfil porque quiere ser fiscal general o presidente de la CSJ. “Estoy dispuesto a morir por decir la verdad, somos hombres de lucha y transparentes”, aseguró.
Argeñal hizo un llamado público a la Secretaría de Seguridad y al Comisionado de Derechos Humanos para que se le brinde protección. “La verdad debe sobresalir, nuestra vida peligra. No hablaremos mientras no se nos brinde la protección”, dijo, al tiempo que recalcó que en el CAH se juegan muchos intereses económicos y políticos.
