TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic) presentó un requerimiento fiscal contra 16 personas que presuntamente lograron que la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa) fuera beneficiada con la adjudicación de tres contratos.
Las investigaciones señalan que exfuncionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) otorgaron de manera irregular el contrato de operación del río Gualcarque, el contrato de Suministro de Potencia y Energía, y el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica.
El caso fue bautizado como Fraude sobre el Gualcarque.
Entre los acusados figuran el exgerente de la Enee, Roberto Martínez Lozano, y los exsubsecretarios de Serna, Darío Roberto Cardona y Mauricio Reconco.
Asimismo, el exdirector de Recursos Hídricos de la Serna, Luis Eduardo Espinoza, el exdirector de Evaluación y Control Ambiental, Julio Ernesto Eguigure, los exasesores legales Catarino Alberto Cantor, Aixa Gabriela Zelaya y Ana Lourdes Martínez.
Además, el exanalista ambiental Óscar Javier Velásquez, el ingeniero de Serna, José Mario Carbajal, y el exdirector de Energía, Francisco Rafael Rivas, y los señores Julio Alberto Perdomo y Saida Odilia Pinel, y el exalcalde de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, Raúl Pineda.
En la lista figuran el señor Roberto David Castillo, exjecutivo de Desa que se encuentra procesado por su supuesta participación en el crimen de la ambientalista Bertha Cáceres y la expresidenta del Sindicato de Trabajadores de la Enee y exrepresentante legal de Desa, Carolina Lizeth Castillo.
Según la Ufecic, Roberto Castillo se desempeñó como asistente técnico del exgerente de la Enee, Roberto Martínez, y al mismo tiempo ejercía el dominio funcional de la empresa Desa. “Este nombramiento le permitió acudir a las sesiones de la junta directiva en calidad de invitado, donde se trataba la autorización y aprobación de contratos amparados en el decreto 70-2007, específicamente el contrato con la empresa Desa, evidenciándose un conflicto de intereses”, señaló la Maccih.
Como consecuencia de esas sesiones se emitió la resolución No. 01-JD-1078-2010, de la junta directiva de la Enee, que autorizó iniciar con la aprobación del contrato de Suministro de Energía Eléctrica entre la Enee y Desa. Luego de la obtención del contrato, Castillo Mejía formalizó su vinculación con Desa y se convirtió en presidente del consejo de administración, otorgándosele las acciones de Desa, a través de una entidad asentada en Panamá de nombre Potencia de Energía de Mesoamérica SA (Pemsa), de la cual era socio con Carolina Lizeth Castillo, quien firmó el contrato con la Enee en nombre de Desa. “La colusión de Castillo Mejía con funcionarios de la Enee para favorecer a Desa se evidencia con las anomalías administrativas que se dieron en la aprobación y asignación del contrato de suministro de energía eléctrica”, indica el comunicado. Castillo laboró con Carolina Lizeth Castillo, quien fue presidenta del Stenee, lo que le permitió tener conocimiento del estudio de factibilidad para el Proyecto Hidroeléctrico Gualcarque, que tenía una capacidad generadora de seis megawatts. El proyecto fue declarado improcedente por un exsecretario de Serna, por no cumplir con los requisitos legales requeridos. El contrato fue firmado sin que se verificara que Desa no estaba inscrita en el registro de proveedores y contratistas del Estado.
Presuntamente de manera irregular, los señalados agilizaron el trámite del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Las irregularidades fueron advertidas por la Dirección Legal de Serna, pero brindaron opinión favorable al proyecto sin esperar la subsanación de los requisitos que ellos observaron. En 2011, Serna emitió la licencia ambiental categoría dos para el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, valiéndose en una serie de situaciones contrarias a la legislación. En ese mismo año Desa solicitó la ampliación de los contratos y la licencia ambiental para el proyecto, pidiendo la aprobación de una capacidad generadora de 21 megawatts. Los incrementos se justificaban en un proceso de optimización que incluía la adición de una tercera turbina; sin embargo, las investigaciones han determinado que el caudal del río Gualcarque no es suficiente para activarla. Toda la investigación evidencia la actuación irresponsable de la administración pública, que para favorecer a la empresa Desa realizó trámites ilegales y omisión de informes para la concesión de recursos hídricos, afectándose a especies en peligro de extinción, flora, fauna y consumo humano.
La investigación forma parte de una serie de denuncias que hizo en su momento la ambientalista Bertha Cáceres antes de su muerte.
