Por abuso de autoridad y desacato podrían ser llamados ante el Ministerio Público los cuatro representantes de la secta Creciendo en Gracia en Honduras, quienes organizan reuniones clandestinas luego de que las autoridades de la Secretaría del Interior y Población declararon ilegal sus cultos religiosos.
El tema regresó a la palestra pública el pasado 30 de junio, cuando los miembros de la secta religiosa publicaran en las redes sociales y comentaran entre sus conocidos que la fecha sería especial por la trasformación que experimentarían sus cuerpos, dando a entender un supuesto fin del mundo.
'Consumado es' y 'pronto nos veremos' fueron las frases que desataron la controversia y expectativa de algunos hondureños que con incertidumbre esperaron a lo largo del sábado los sucesos que cientos de adeptos de Creciendo en Gracia habían anunciado días atrás.
El culto religioso fue cuestionado por las autoridades de la Secretaría del Interior y Población en el 2011, cuando se anunció la llegada de José Luis de Jesús Miranda a Honduras para tatuar a sus simpatizantes con el 666; 'número de la bestia' para muchos, 'número de Jesús hecho hombre' para los que pertenecen a la secta.
Jesús Miranda fundó la secta en Miami después experimentar un 'encuentro divino' con dos hombres que al pie de su cama le revelaron la segunda venida de Cristo, que según su propio testimonio, vino y se integró en él.
La noticia de su llegada a Honduras conmocionó a la iglesia Evangélica, Católica y líderes políticos, lo que obligó a las autoridades de la institución gubernamental a girar una prohibición contra su ingreso al país.
Ilegales y clandestinos
El secretario del Ministerio de Población e Interior, Pastor Aguilar, en declaraciones para ElHeraldo.hn
manifestó que el ente gubernamental a través de un trámite administrativo declaró ilegales las reuniones de la secta en Honduras.
En ese sentido, añadió que 'en el 2011 se les pidió a los representantes de la secta que presentaran la personería jurídica y el permiso de la Alcaldía para realizar sus cultos en el país y no pudieron presentarlas'.
Además, explicó que la controversial organización es representada por cuatro hondureños que se abocaron a la secretaría con sus respectivos apoderados legales en el mismo año.
'Nosotros ya giramos la resolución donde se sabe que son clandestinas e ilegales sus reuniones, quienes tienen que actuar como ente ejecutor es el Ministerio Público', acotó.
Además, explicó que 'ellos no pueden ser enjuiciados por usurpación porque son hondureños, pero sí están
abusando de la autoridad y desacatando
una resolución administrativa'.
El auge de Creciendo en Gracia en Honduras se da en el año 2010, cuando sus miembros comenzaron a moverse por diversos departamentos del país declarando a Jesús Miranda como el Cristo hecho hombre.
Los fieles del ministerio aseguran que están legalmente casados con Jesús, representado por Miranda que según ellos tiene la mente de Cristo.
El tatuarse el número 666 en sus cuerpos significa la señal del apocalipsis, que destaca que los hombres deben tener un sello en la frente y uno en la mano para demostrar que han creído en lo que se habla.
Sus reuniones se fundamentan en televisar los mensajes grabados por Miranda y enviados a sus simpatizantes que mientras los miran y oyen aplauden y gritan para demostrar su aceptación.
Una de las integrantes del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, quien omitió su identidad, aseveró a ElHeraldo.hn
que el sábado se experimentó el cumplimento de una de las profecías.
'Consumado es no significa que acabaría (el fin del mundo), eso es un invento', dijo la joven.
Sin dar mayores detalles por una orden superior que les 'imposibilita dar declaraciones', pormenorizó que 'a su debido tiempo' los representantes de la secta explicarán qué profecía esperaban se cumpliera.
De uno a tres años de reclusión
Según el Código Penal de Honduras, en el artículo 376, se establece como desobediencia a quien se niege abiertamente a cumplir las sentencias, resoluciones u órdenes revestidas de formalidad legal.
Asimismo, se determina una pena con reclusión de uno a tres años, dependiendo de la sentencia dictada por el juez competente.
