Para cerrar este año, el Ministerio Público tiene un déficit entre 25 y 30 millones lempiras, por lo que se están realizando sacrificios sin afectar el funcionamiento de la institución, aseguró ayer el fiscal adjunto, Rigoberto Cuéllar.
“Venimos funcionando con un presupuesto que se ha mantenido congelado en los últimos tres años”.
Debido a eso “hemos tenido que reducir costos en diferentes rubros a efecto de mirar cómo podemos ir cerrando esa brecha, de 25 a 30 millones, que todavía tenemos pendiente para cerrar el año 2013”, afirmó el alto funcionario.
Explicó que solicitarán al Congreso Nacional una ampliación de unos 90 millones de lempiras que serán utilizados para cubrir el desfase, así como para poder otorgar el incremento salarial por costo de vida que exigen los fiscales, también será para mejorar el funcionamiento de ciertas infraestructuras y otra para poner en acción la escuela fiscal que tiene que ver con la formación de los fiscales.
Lo referente a infraestructura está orientado a mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía, por ejemplo hay equipo muy caro en Medicina Forense que ha sido adquirido, muchos por donación, pero no se cuenta con los reactivos y en algunos casos se necesita hacerles calibraje y hay que contratar expertos del exterior y poder hacer que las máquinas funcionen como deberían.
“Igualmente tenemos casos como el de la escuela fiscal que debe empezar a funcionar, ya que es una parte toral que me corresponde a mí, que tiene que ver con toda la parte de formación de fiscales. Cerca del 50% de los fiscales no han recibido siquiera un curso de inducción y es urgente convocarlos para darles su curso de inducción y a la vez como parte de la certificación del desempeño o depuración”.
Con el fiscal general Óscar Chinchilla se diseñó una estrategia que involucra un componente muy fuerte de capacitación, añadió.
Prevención
El déficit existe, las priorizaciones que se están realizando son por si acaso el Congreso Nacional no les aprueba la ampliación presupuestaria.
“Lógicamente tenemos que cerrar el año de alguna manera, por eso hemos continuado con algunas medidas de restricción que dejó la Junta Interventora, si bien es cierto las hemos reorientado a otras áreas que no afecten directamente el desempeño de los fiscales, es decir áreas menos sensibles de los servicios que presentamos a la ciudadanía, pero son medidas de restricción económica que siempre terminan afectando a la institución”.
“Estamos racionalizando y priorizando sobre todo los costos, a efecto que en el peor de los escenarios, que no se nos otorgase esa ampliación, siempre podamos salir de alguna manera para cerrar este año fiscal”.
Cuéllar sostuvo que hay una buena disposición del Congreso Nacional para apoyar al Ministerio Público. “Somos optimistas de que podamos recibir una respuesta positiva. Después tenemos que ir a Finanzas para ver la disponibilidad que tienen para hacer el traslado de los fondos autorizado por el Congreso Nacional”.
Acerca del incremento realizado por los fiscales, en momentos que su labor es considerada como deficiente por la ciudadanía, Cuéllar manifestó: “Hemos hecho consciencia en los fiscales de dos aspectos, uno de que la institución no puede parar sus servicios a la ciudadanía, ese solo hecho pondría en una peor imagen o posicionamiento a la institución, de la que ya tiene ante la ciudadanía; también consideramos que previo a realizar reivindicaciones por derechos laborales, como puede ser un aumento salarial, que no estamos diciendo que no lo merecen los fiscales”.
Obviamente aquellas personas que “no demuestren voluntad, o aquellas que demuestran voluntad pero que después no demuestren compromiso serán separadas de la institución, en eso hemos sido nosotros muy claros.
El proceso de depuración o certificación del desempeño en los distintos puestos que ocupan los fiscales ya se inició, va a seguir a lo largo de esta administración. Tenemos un doble reto, eficientar la institución, y lo más difícil es lograr que la ciudadanía nos crea”, explicó Cuéllar.
Erogaciones
Por su parte, Erick López, nuevo responsable de la administración del Ministerio Público, expresó que el presupuesto de esta entidad para el año 2013 fue de unos 980 millones de lempiras, a pesar que se habían solicitado 1,200 millones. Se les aprobó el mismo presupuesto de 2012.
Sobre el problema financiero que enfrenta la institución, indicó que las erogaciones a lo largo de estos nueve meses, anterior a su llegada, se adquirieron compromisos y gastos arriba de lo que debería haberse hecho y por eso está teniendo dificultades para poder cerrar el año, “sin embargo, con algunos ajustes que estamos haciendo con el doctor Cuéllar, esperamos cerrarlo con el presupuesto que tenemos”.
Suspendieron créditos
Sobre la queja de algunos fiscales que no tienen ni papel para trabajar, López afirmó que efectivamente sí hacen falta unos insumos, “el problema no es que hagan falta porque no los hemos querido comprar, el problema es que muchos de los proveedores suspendieron los créditos a raíz de que estuvo la Junta Interventora, quedaron muchos pagos pendientes de realizar y quedaron ahí por varios meses, entonces los proveedores suspendieron los créditos, pero esta situación ya se está normalizando”.
Actualmente, dijo López, del presupuesto asignado todavía tenemos disponible la partida que corresponde al último trimestre y anda por los 240 millones, por eso se están haciendo los ajustes necesarios y apretando un poco, con la esperanza de poder salir con el presupuesto asignado.
A nivel nacional el Ministerio Público tiene arriba de los 2,000 empleados, de ellos arriba de 600 son fiscales. El 60 por ciento del presupuesto se gasta en sueldos y salarios y el resto se va en operación.
