Honduras

Pobladores del Bajo Aguán se han tomado las fincas, según MUCA y Marca

Movimientos campesinos responzabilizan a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y Congreso Nacional por no tomar las decisiones correctas para solventar la problemática en el Bajo Aguan, al norte de Honduras.

07.04.2014

Luego que se anuciará la invasión de la finca Paso Aguán en el departamento de Colón, al norte de Honduras, los campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y del Movimiento Revindicador Campesino del Aguán (Marca) niegan la participación de sus labriegos en las acciones.

A través de un comunicado de prensa, los dirigentes del MUCA y Marca aseguran que las invasiones las protagonizan pobladores de la aldea Panamá indignados por el asesinato de Jacobo López, José Luis Dubón y Gregorio Chávez, quien fue encontrado parcialmente enterrado en el lote número ocho de la finca el pasado 5 de julio.

Luego del desaparecimeto de Chávez, los labriegos habían invadido dos áreas de la Paso Aguán, extrayendo más de 200 mil lempiras en fruta, entre otras acciones que denunció el representante de la Corporación Dinannt, Roger Pineda.

El domingo, las protestas de los campesinos se intensificaron cuando hombres fuertemente armados ingresaron por la fuerza a las tierras del empresario Miguel Facussé.

Las acciones recrudecen el conflicto agrario que según las autoridades habían concluido
con la
firma de un plan de negocios

celebrada entre el MUCA, el gobierno y Miguel Facussé hace más de un mes.

En el comunicado se destaca que la tenencia de tierra en la zona se agudiza por la persecución, secuestro y asesinato al que son objeto como organizaciones campesinas.

Además, responsabilizaron a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Congreso Nacional (CN) por no tomar las decisiones para evitar el derramamiento de sangre en la zona.

En ese sentido, en el documento se denuncia el tráfico de influencias de los terratenientes, refiriéndose al empresario Facussé, al influir en los dictámenes y sentencias de la CSJ que realizan con su 'poderío económico'.

Asimismo, exigen el cumplimiento del acuerdo firmado el 13 de abril del 2010, donde se especifican las tierras expropiadas al empresario y otorgadas a los labriegos, y la aprobación de la ley de transformación agraria integral.