Los recursos serían utilizados para cancelar indemnización a familiares de privados libertad que perdieron la vida en un incendio que se registró en el Centro Penal de San Pedro Sula el año 2004.
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Fiscales y agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de Administración Pública y Patrimonial de la ATIC, investigan a la interventora de ese momento Karla Patricia Pavón Bustillo, quien se presume cobró 49 cheques por un monto de 7 millones 140 mil 529.62 lempiras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Honduras por el incendio del penal sampedrano que ocurrió el 17 de mayo de 2004 donde perdieron la vida 107 privados de libertad y por lo cual se obligó al Estado de Honduras a pagar 316 mil lempiras a cada familiar.
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Sin embargo, la interventora investigada, mediante una carta poder cobró los 49 cheques en el Banco Central de Honduras (BCH) por más de siete millones de lempiras.
El Ministerio Público informó que en ocasiones anteriores se había negado el ingreso al personal fiscal e investigativo a las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario, donde se realizan las indagaciones relacionadas al caso de las personas fallecidas en el centro penal de San Pedro Sula.
