Las iniciativas y proyectos de quienes rigen los destinos de Honduras fueron, por lo menos algunas de ellas, impregnadas por las manchas de la desilusión y el fracaso.
Igualmente, las esperanzas e ilusiones de un pueblo ávido de conocer propuestas concretas, que promuevan el avance a un desarrollo integral de la nación, se derrumban tras conocer que las mismas aún no son una realidad.
Los fiascos del año 2011 se registraron desde distintos ámbitos: en lo político, seguridad, educación, atención oportuna sobre fenómenos climáticos, impunidad de crímenes, obras de infraestructura, empleo y desarrollo territorial.
EL HERALDO seleccionó diez de ellos, a la espera de que la incidencia se reduzca en los próximos años y, de esa forma, la sociedad pueda tener más confianza.
1. Cambios en partido de 'Mel'
El expresidente Manuel Zelaya se encuentra en aprietos al no definir un nombre que identifique a su movimiento político de cara a las próximas elecciones generales.
Tras desligarse del Partido Liberal, que lo llevó al poder de la nación, 'Mel' encaminó una nueva ruta política con un movimiento conformado por familiares, amistades, cercanos colaboradores y afines. Lo que en un inicio se conoció como Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), se fue poco a poco desarmando y diluyendo.
'Mel' externó su idea de bautizar su movimiento como Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), sin embargo, el movimiento que promueve al defensor de derechos humanos Andrés Pavón se adelantó e inscribió ante el Tribunal Supremo Electoral al Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper). Como coincidía con el Frente Amplio, el nombre del movimiento de 'Mel' no prosperó en el TSE.
Por ello el expresidente convoco a una asamblea en Siguatepeque para definir un nuevo nombre, llegando al acuerdo de bautizarlo como Frente de Resistencia Popular (FRP).
Nuevamente, antes que 'Mel' lo inscribiera, el movimiento de Pavón registró uno nuevo ante el TSE, la Fuerza y Acción Electoral en Resistencia. Como coincidía, en el organismo electoral no se siguió ningún tramite de inscripción del FRP. Finalmente, 'Mel' solicitó la inscripción del movimiento Libertad y Refundación (Libre).
2.
Dejan en libertad a policías
La Policía Nacional liberó a cuatro policías involucrados en el crimen contra los jóvenes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos (hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos) y Carlos Pineda Rodríguez, acontecido el 22 de octubre.
Tras conocerse del crimen se condujeron investigaciones y, en la medida que estas se realizaban, algunos oficiales dieron a conocer de manera pública los nombres de cuatro policías que habrían tenido participación en el doble asesinato.
Se revelaron los nombres del subinspector Carlos Geovany Galeas y los agentes Wilfredo Figueroa Velásquez, Santos Arnulfo Padilla y José Rubén Pozo. Sin ser aún acusados, los cuatro fueron puestos bajo custodia en la Jefatura Metropolitana 01, de donde inexplicablemente salieron en libertad el viernes 28 de octubre. Los encargados de esa unidad policial justificaron que tenían el fin de semana libre y que no podían retenerlos.
El lunes 30 de octubre, el Ministerio Público formalizó una acusación contra los cuatro policías, quienes decidieron no presentarse ese día a sus labores. Hace dos semanas Pozo se presentó voluntariamente, los tres restantes se encuentran prófugos de la justicia, con orden de captura.
3.
Alumnos sin 200 días de clases
Las autoridades de gobierno y la dirigencia magisterial siguen en deuda con la niñez y la juventud hondureña.
El calendario escolar, que establece un mínimo de 200 días de clases en el sistema educativo público nacional, fue una meta que se incumplió en 2011. Los constantes paros de labores convocados por el sector magisterial afectaron a los alumnos de los niveles primario y secundario. No se logró justificar una razón sustentable sobre las ausencias de maestros en las aulas, las convocatorias a paros y movilizaciones se enfocaron en reclamos de tipo económico, como el pago de salarios, creación de una ley educativa y reformas legales al Inprema.
Diferentes sectores cuestionaron el hecho de que la dirigencia magisterial valorara más la medida de abandonar las aulas de clases para irse a las calles a protestar, argumentando que no se puede reclamar un derecho afectando a otros.
Los expertos coinciden en que la dirigencia magisterial debe entender que los reclamos de tipo económico, para beneficio particular, no deben prevalecer sobre el derecho a la educación de una mayoría.
La niñez y la juventud son consideradas un sector vulnerable y el Estado deviene obligado a velar para que sus derechos, como el acceso a la educación, no les sean conculcados.
En su reporte anual, la Secretaría de Educación reportó un promedio de impartición de 187 días de clases, aunque en algunos centros educativos la cifra se reduce a la mitad. Esto afecta el desarrollo personal de los menores.
4. Reacción tardía a lluvias
Los afectados por las inundaciones en la zona sur del país vivieron en carne propia la falta de atención oportuna por parte del gobierno.
El clima fue implacable con este sector del país, sin embargo, la reacción de las autoridades no tuvo la misma intensidad. Fue días después cuando en Consejo de Ministros se aprobó una declaratoria de emergencia para la zona sur.
Entretanto, la población ya había iniciado la aportación de ayuda a los centros de acopio promovida por los medios de comunicación. Pobladores de sectores incomunicados clamaban por ayuda, el gobierno justificó que no la podía llevar porque las condiciones climáticas impedían que helicópteros llegaran a las zonas afectadas.
La ayuda llegó posteriormente, igual que una caravana que coordinó Copeco.
5. Impunes crímenes de periodistas
Los crímenes cometidos contra periodistas permanecen impunes. Según el reporte del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 24 periodistas fallecieron de forma violenta desde 2003 a la fecha. Solo en 2011 se registraron seis asesinatos, el más reciente fue el de la comunicadora Luz Marina Paz, quien fue acribillada y su cuerpo fue encontrado en un sector del oriente de la capital.
Aún se desconocen los resultados de las investigaciones sobre estos hechos violentos; el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad no tienen información para dar con los autores materiales e intelectuales de los crímenes. A esto se suman atentados y amenazas por la cobertura de la corrupción policial. La ola de impunidad e inseguridad motivó a que los periodistas realizaran acciones de protesta para exigir justicia.
6. El tercer carril
La habilitación de un tercer carril en el anillo periférico, como medida para solventar el caos vial en la capital, no obtuvo los resultados deseados.
Tras un estudio de factibilidad, las autoridades de Soptravi dispusieron habilitar un tercer carril para descongestionar los vehículos que se desplazan desde la zona sur de la capital. La circulación de vehículos en sentido contrario a los que se desplazan hacia la zona sur no fue la medida más adecuada.
A pesar de contar con elementos policiales para instruir a los motoristas, la alternativa fue un fracaso. Bastó un par de horas para conocer que lejos de una solución el congestionamiento vial se agravó. La ampliación de la vía, a la altura del desvío hacia la colonia Honduras, fue un clamor para solucionar el problema.
7. Colapsa puente en Costa de los Amates
El puente que se construyó en la Costa de los Amates, en el departamento de Valle, colapsó días antes de ser inaugurado. El gobierno suscribió un contrato con la empresa Sermaco para la construcción del referido puente, y con la compañía ASP para la supervisión de la obra. Sin embargo, a finales de junio el puente colapsó con las primeras lluvias, lo que generó dudas sobre la calidad de la construcción del puente en el que el gobierno invirtió 27 millones de lempiras.
Según dictámenes técnicos, el desvío del río Goascorán provocó una crecida, lo que fue una de las causas de que la obra se viniera abajo. El Ministerio Público (MP) inició de oficio una investigación para determinar si las autoridades cometieron algún tipo de responsabilidad penal en la edificación o incurrieron negligencia por no adoptar acciones tendientes a que la obra no sucumbiera.
La Fiscalía contra la Corrupción espera un informe del Tribunal Superior de Cuentas para definir si procede interponiendo acciones ante los tribunales. Mientras, los vecinos del lugar exigen acciones inmediatas por parte del gobierno para no seguir incomunicados.
8. Nada concreto en Ciudades Modelo
La comunidad nacional e internacional se ha de preguntar cuál fue el apuro del Congreso Nacional en aprobar y ratificar una ley para la creación de Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o Ciudades Modelo.
El decreto 283-2010, ratificado por el decreto 4-2011, se emitió con el anhelo de crear zonas privilegiadas en el territorio nacional para generar desarrollo. Esa fue la justificación para que la iniciativa entrara en vigencia.
La aprobación y ratificación de la ley contrajo una serie de críticas de diversos sectores de la sociedad que reclamaban una mayor socialización, en vista de que la normativa conllevó reformas constitucionales que tenían que ver con ceder la soberanía y hasta reformas de la competencia de los tres poderes del Estado.
El año 2011 transcurrió sin conocerse nada más de la ley, desde que esta fuera ratificada en enero, apenas instalada la segunda legislatura. No se discutió ni aprobó un reglamento que establezca los parámetros de aplicabilidad de la ley. Asimismo, se desconocen proyectos concretos de inversión.
9. Desilusión por ley de empleo temporal
Los poderes Legislativo y Ejecutivo generaron vanas expectativas a los hondureños con la aprobación del Programa Nacional de Empleo Temporal por Horas.
La ley que se aprobó en noviembre de 2010 estipulaba que los contratos de trabajo serían por 36 meses, prorrogables de acuerdo al desempeño laboral. Lo que se buscaba era paliar la creciente desocupación laboral que mantiene en crisis a los hondureños, pero ha resultado un fracaso. Hasta agosto del presente año, y desde su aprobación en noviembre anterior, apenas se habían generado unos 600 puestos de trabajo a través de la iniciativa.
La diminuta cifra fue dada a conocer por el ministro de Trabajo, Felicito Ávila, quien indicó que se ha capacitado a unas tres mil empresas en el uso de la legislación.
En Honduras, el 70 por ciento de la población económicamente activa desempleada están integrada por jóvenes entre 12 y 30 años. Este rango de edad constituye el 52 por ciento de la población hondureña. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que el 46 por ciento de los hondureños tienen problemas de empleo. El 6 por ciento sufre de un desempleo abierto y el 40 por ciento de subempleo.
El Congreso Nacional y la Secretaría de Trabajo han buscado agilizar la contratación de trabajadores a tiempo parcial, pero los resultados son decepcionantes. El secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, consideró que esta medida gubernamental fracasó.
10 Quitan ascensor antiestético
Un pequeño detalle dejó en evidencia la falta de planificación y coordinación en el gobierno.
En Casa Presidencial se comenzó la instalación de un ascensor que no fue del agrado del presidente Porfirio Lobo Sosa.
A inicios del mes de septiembre inició la instalación del ascensor en el lobby, por lo que tapaba la visibilidad de la parte frontal de Casa de Gobierno. Dos semanas más tarde, el mandatario ordenó que se suspendiera el proyecto, por considerar que no era nada estético, que le restaba vistosidad y majestuosidad a la sede de trabajo del gobernante del país. Y es que se consideró que la estructura desentonaba con el diseño de la Casa de Gobierno. Por lo tanto, en una sola noche fue desmantelada la estructura del ascensor, incurriéndose en gastos innecesarios.
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