La propuesta impulsada por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) de liberar a los prisioneros que padecen enfermedades crónicas podría no tener ningún impacto en la reducción del hacinamiento en los centros penales.
Y es que, según datos estadísticos, la cantidad de reos que serían liberados correspondería a igual cantidad de personas procesadas que tienen que cumplir sus condenas en cautiverio.
Actualmente la población carcelaria hondureña es de 12,500 reos, que se reduciría a 11,500 durante los 18 meses en que se liberaría a quienes estén enfermos.
Sin embargo, este año aumentaron las detenciones, ya que en 2012 se reportaron 9,500 mientras que en el 2013 ya ascienden a 10,6000.
Entre estos se encuentran 27 por asociación ilícita, 6,800 por delitos varios, 1,350 por órdenes de captura, 274 por posesión de drogas, 1,500 por violencia doméstica e intrafamiliar y 314 por extorsión.
Derechos humanos
El secretario general de la SJDH, Denis Gallegos, explicó que la ley de excarcelación por razones humanitarias
beneficiaría a las personas mayores de 70 años que padecen una enfermedad que no les permita valerse por sí mismo, que es diferente a la Ley Especial para Personas Privadas de Libertad con Enfermedades en Fase Terminal Degenerativas del Sistema Nervioso, que beneficia a quienes padecen enfermedades terminales.
El funcionario dijo que no disminuirá la población penitenciaria hondureña hasta que se agilicen los procesos penales para que no se vulnere el derecho de presunción de inocencia.
'Por ejemplo, en los centros penales hay un 60% de personas que se les giró una orden de captura o están en procesamiento o a la espera que se le dicte una sentencia'.
Es decir que unas seis mil personas no han sido condenadas ni absueltas, por lo que se requiere reformular una política penitenciaria coherente que permita administrar el sistema.
El director interino de la Comisión Especial de Transición de Centros Penales, Santos Flores, dijo que hay una soprepoblación de más del 100 por ciento, ya que por cada 300 reos que entran salen 100, lo que deja un rezago de 200, por lo que consideró el tema como un asunto de seguridad nacional.
Flores resaltó que los internos solo han perdido su derecho a la libertad, pero que conservan las demás garantías, aunque es un tema que se ha descuidado y no hay interés en resolverlo.
Dijo que los reos viven en penuria y que prácticamente subsisten con los alimentos que les dan sus parientes, por lo que confía que se puedan tomar acciones para mejorar los reclusorios.
Por su parte, la fiscal de los Derechos Humanos María Mercerdes Bustillo calificó de alarmante la situación en los centros penales de Honduras y dijo que de manera urgente se tienen que tomar las medidas para evitar una crisis.
Para Bustillo, con las reformas al Código Procesal Penal se incluyeron delitos
para gozar de estas nuevas medidas, 'como el delito culposo,
que es la muerte de manera accidental, por negligencia, pero no con dolo ni con intención'.
En ese sentido, llamó a los defensores públicos y privados a verificar los términos de las penas impuestas, ya que en muchos casos pueden gozar de libertad condicional o ya han pagado sus condenas.
Asimismo consideró que deben tomarse medidas para evitar tragedias como la ocurrida en la granja penal de Comayagua el 14 de febrero de 2012.
