Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del Día Internacional del Trabajo, las organizaciones Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y Jóvenes Promotores de los Derechos Humanos (Joprodeh) exigieron al actual gobierno la reversión de lo que consideran violaciones laborales y sindicales cometidas contra Esteban Antolino Díaz, presidente del Sindicato de los Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop).
Ambas organizaciones señalaron que el 1 de mayo debe ser una fecha destinada a la reivindicación de la clase trabajadora y la defensa de sus derechos fundamentales. Sin embargo, cuestionaron que en los últimos años este espacio haya sido utilizado con fines político-partidarios por algunos sectores sindicales.
Denunciaron el caso del Sitrainfop, asegurando que durante la administración anterior del Partido Libertad y Refundación (Libre) se habrían registrado actos de hostigamiento, persecución, represalias y desconocimiento hacia la junta directiva del sindicato.
De acuerdo con el pronunciamiento, Esteban Antolino Díaz fue separado de su cargo de manera que califican como ilegal, sin una justificación válida y sin el debido respeto a sus derechos adquiridos como trabajador y dirigente sindical dentro de la institución.
Su despido
Díaz, quien laboró como instructor del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) durante aproximadamente 30 años, también fue reelecto en 2024 como presidente del sindicato.
El despido del dirigente se registró el 6 de noviembre de 2025. Según el acta institucional citada en el caso, la separación se basó en supuestas faltas relacionadas con buenas costumbres, hostigamiento, acoso y malos tratos hacia compañeros de trabajo.
Asopodehu y Joprodeh consideran que el proceso debe ser revisado, al señalar que la decisión se produjo en un contexto de denuncias previamente realizadas por Díaz sobre presuntas irregularidades administrativas dentro del Infop.
Entre esas denuncias, el dirigente sindical habría señalado casos de nepotismo, salarios elevados y contrataciones vinculadas a personas afines al Partido Libre, lo que, según su versión, evidenciaría anomalías en la gestión institucional.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron al actual gobierno adoptar medidas concretas que permitan revertir los efectos de las decisiones tomadas por la administración anterior en este caso específico.
