Hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, será un día amargo para 90 empleados del Ministerio Público que ayer se quedaron, precisamente sin trabajo.
La decisión fue tomada por la Comisión Interventora, nombrada para hacer cambios administrativos durante 60 días en esa institución.
De esa forma comienza la barrida de empleados de la Fiscalía General por parte de los interventores que hoy cumplen 13 días de labor.
La mayoría de cesanteados es personal administrativo, secretarias y asesores de fiscales. El abogado Lino Tomás Mendoza confirmó a EL HERALDO que los despedidos representaban personal supernumerario.
“ Si los despedidos justifican que trabajan y se requiere de su trabajo pueden ser recontratados”, indicó Mendoza.
El interventor acotó que estos despidos pueden ser los primeros de varios que se pueden realizar si se comprueba que hay personas fueron contratadas sin que la institución necesitara de sus servicios.
Un conserje llegó a varias oficinas del MP para dar las malas noticias a los despedidos, alguno´s de ellos, incrédulos, rompieron en llanto al darse cuenta que ya no tendrán fuente de ingresos para sostener a sus familias.
“Ya iban de salida y les avisaron que estaban despedidas”, dijo una fuente del MP a ELHERALDO.
En el Ministerio Público hay 600 fiscales y unos 400 empleados en áreas administrativas.
El personal despedido, algunos con cinco años de antigüedad, estaba laborando bajo la modalidad de contrato.
Algunos de los ahora desempleados firmaban contratos de forma trimestral.
Entre estos estaban algunos que trabajaron enero, febrero, marzo y abril, se les pagaron sus salarios normalmente sin firmar contrato y se preveía que lo hicieran en mayo.
Pero lo que les llegó fue una nota donde se les notifica que sus servicios ya no son necesarios.
“En la nota de despido dice que la cancelación de servicios es en base a las atribuciones que la Comisión Interventora recibió del Congreso Nacional”, acotó la fuente.
La Comisión Interventora curiosamente no informó sobre estas determinaciones, por lo que se recurrió a fuentes no oficiales para obtener la información.
Integran la Comisión Interventora los abogados Lino Tomás Mendoza, María Antonia Navarro, Miriam Guzmán, como miembros propietarios y la suplente es Ángela Madrid.
Durante los 60 días que durará la función de esta comisión, los fiscales Luis Rubí, y el adjunto, Roy Urtecho, siguen con sus cargos pero sin funciones.
Las acciones de la Comisión Interventora iniciaron el 18 de abril y sus mandatos principales son tomar las riendas de la dependencia, hacer una radiografía de la misma y aplicar cambios que considera pertinentes para mejorar su funcionamiento.
La Comisión Interventora tiene previsto aplicar pruebas de confianza a los 600 fiscales del MP, de cuyos resultados podría derivarse despidos.
Una fuente confió a EL HERALDO que días antes de que la Comisión Interventora fuera nombrada, el Ministerio Público hizo una masiva cantidad de contrataciones.
