El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) revisará el acuerdo de secretividad mediante el cual La Armería se ampara para negar información sobre la venta de armas al público.
La revisión se hará bajo la premisa de que no pueden haber reservas absolutas de información, por lo que la resolución se modificaría para que la sociedad sepa todo lo relativo a la adquisición y comercialización de armas y municiones en esa dependencia del Instituto de Previsión Militar (IPM).
“La reserva absoluta la ley no la comprende como absoluta, cualquier reserva que otorgue una institución obligada... es obligatorio la realización de la versión pública”, dijo la presidenta del IAIP, Doris Imelda Madrid.
El IAIP emitió la resolución 093-2012, con la que avaló un acuerdo de secretividad emitido por el IPM orientado a blindar la información relacionada a fabricación, importación, distribución y ventas de armas en La Armería, según denunció EL HERALDO.
El IPM argumentó que esa información no se puede proporcionar porque La Armería es parte de esta entidad y porque está constituida por capital mixto.
En el razonamiento nunca se menciona que la reserva es por motivos de seguridad nacional, pero el IAIP fue quien presentó ese argumento.
La seguridad nacional es una justificación válida para declarar una reserva de información, pero el planteamiento debe ser presentado por la institución que solicita la secretividad y no el IAIP.
Se debe probar fehacientemente que el daño de divulgar una información es más alto que el beneficio de conocer esos datos, pero “no es mediante una nota ni mediante una justificación verbal que se da una prueba de daño”, aclaró.
“El ciudadano debe conocer aspectos puntuales y solamente dejar como reserva aquellos puntos que afectan la seguridad del Estado, las negociaciones internacionales y la vida humana... pero siempre con una versión pública”, remarcó Madrid.
La resolución de la secretividad la emitieron en junio de 2012 los exmagistrados Gilma Agurcia, Arturo Echenique y Guadalupe Jerezano.
Los tres magistrados dejaron sus cargos en septiembre de 2012 y sus puestos fueron ocupados por Damián Pineda, Miriam Guzmán y Doris Imelda Madrid.
Proceso para anulación
Para revisar esta lesiva resolución a la transparencia, los magistrados se reunirán en un pleno extraordinaria en el que tomarán la decisión de examinar el fallo.
Luego pedirán a la Procuraduría General de la República (PGR) que emita su dictamen legal sobre el caso.
Por tratarse de una resolución firme, el IAIP debe pedir la opinión de la PGR antes de confirmar o modificar una sentencia, según lo dicta la Ley de Procedimientos Administrativos. El dictamen de la Procuraduría no es vinculante, por lo que el IAIP lo puede considerar o desestimar.
“Lo que procede es revisar el expediente y revisar si se llevaron de forma correcta todos los procedimientos, los pasos, notificaciones”, explicó Madrid. La funcionaria dijo que se tratará de resolver el caso en la mayor brevedad posible.
