El Ministerio Público
solicitó librar orden de captura y alerta migratoria contra los 15 directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Hace dos días, el Ministerio Público
presentó requerimiento fiscal contra el exdirector del IHSS, Mario Roberto Zelaya Rojas
y el exadministrador José Roberto Bertetty Osorio
por el delito de abuso de autoridad (una pena de 3 a 6 años de reclusión) y un delito contra la administración de fondos públicos y privados de pensiones (una pena de 6 a 12 años).
Además, se acusó al exviceministro de Trabajo, Carlos Montes Rodríguez; a los representantes obreros de la Central General de Trabajadores (CGT), Hilario Espinoza y Luis Alonso Mayorga; y a los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Arnaldo Gabriel Solís y Samuel Benjamín Bográn.
A todos estos, el MP los supone responsables de delitos contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones.
Además se acusó al exministro de Salud, Arturo Bendaña Pinel; al exviceministro de Salud, Javier Pastor; a los miembros del Cohep, Leonardo Villeda y Óscar Manuel Galeano; a los expresidentes del Colegio Médico de Honduras, José Manuel Espinoza y Odessa del Carmen Henríquez; y los miembros de la
CGT, Daniel Durón y José Humberto Lara, por un delito contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones.
Infracción
La acusación responde a la aprobación en marzo de 2011 de una consolidación de deuda con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
por 942.8 millones de lempiras, obtenida por administraciones pasadas, antes del período 2010-2014.
Así también por la aprobación en junio de 2011 de un nuevo préstamo del régimen IVM al régimen Enfermedad Maternidad (EM)por un monto de 600 millones de lempiras.
Según la fiscalía, ambas transacciones se realizaron violentando el artículo número 58 de la Ley Orgánica del IHSS
que impide el traspaso de fondos entre regímenes y haciendo caso omiso del dictamen de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que resolvió “desfavorables” ambas solicitudes.
Solicitud
Según el director de fiscales, Rolando Argueta, en ambos delitos cometidos por los
exmiembros de la junta directiva
existe gravedad de pena y alto impacto patrimonial.
Argueta indicó que por estos dos elementos la fiscalía solicitó “la orden de captura o de detención y la alerta migratoria en caso de que alguno de los imputados pretenda salir del país”.
Esta solicitud deberá ser resuelta por el juez competente que conozca la causa de los imputados.
Este martes el juez de lo Penal, José Humberto Palacios resolvió declarar con lugar la solicitud de declinatoria presentada por el Ministerio Público para que el caso sea conocido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
ya que este incluye la acusación contra Bendaña, actual diputado del Congreso Nacional.
Este procedimiento lo estable el Código Procesal Penal en el capítulo 3, artículos del 414 al 417 relacionado a los procesos iniciados a los más altos funcionarios y diputados, por lo que el caso que incluye a los 15 miembros será conocido en el CSJ.
Investigación
El director de fiscales aseguró que la investigación en este caso continúa y aseguró que en los próximos días se podría presentar requerimiento contra otras personas.
Al consultarle al togado sobre si esta acusación abarcaría a los empresarios que sobrevaloraron servicios y equipos, Argueta aseguró que “debemos concluir la investigación para verificar la procedencia o no de la presentación de un requerimiento contra el que sea”.
Señaló que se trabaja en procesar información de “las empresas involucradas en la firma de los contratos para proveer bienes y servicios al Seguro Social y saber si fueron parte del descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social”.
Ejemplificó que una posible participación, que tendrá que ser verificada, podría ser “la sobrevaloración sustancial de la venta de algunos bienes y servicios”.
Entre otro tema, Argueta también anunció que desde enero de este año la fiscalía trabaja formalmente en la posible privación de dominios del exdirector ejecutivo del IHSS, Mario Zelaya.
Indicó que la ley estipula que los bienes pueden ser quitados si se acreditan que fueron adquiridos de forma irregular.
Señaló que hasta el momento se ha solicitado información al Instituto de la Propiedad
sobre los bienes de Zelaya y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)
sobre movimientos financieros en las cuentas de Zelaya.
Además se informó que en el caso de José Ramón Bertetty, que fue sobreseido definitivamente por el delito de malversación de caudales públicos en el caso de compras de ambulancias, el Ministerio Público apeló y recientemente la Corte de Apelaciones se pronunció al respecto.
En el pronunciamiento dio la razón a Ministerio Público teniendo como efecto inmediato el hecho que se anuló el sobreseimiento definitivo y se dictó auto de formal procesamiento también por este ilícito al exgerente administrativo del IHSS.
Defensa
Por su parte, Daniel Durón, exmiembro de la junta directiva y secretario general de la CGT, justificó que el préstamo aprobado con IVM se realizó por la precariedad existente en el Hospital Regional del Norte.
Señaló que para ese momento la sala de neonatos representaba un riesgo para los infantes y que bajo este argumento la administración presentó la solicitud en Junta Directiva.
Además indicó que la ley permite al régimen de IVM prestar sus fondos y que en este caso la fiscalía y Junta Interventora argumentan que fue transferencia de fondos, pero el proceso fue realizado en carácter de préstamo.
Mientras el exviceministro del trabajo, Carlos Montes, aseguró que los miembros de la Junta están preparados para exponer su defensa.
Indicó que en reiteradas ocasiones se presentaron escritos a la fiscalía general para hacer del conocimiento de las autoridades de investigación la disponibilidad de la Junta a someterse a procesos de investigación.
