Las medidas de presión que iniciaría este miércoles el personal que labora en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están en suspenso.
La semana anterior las asociaciones de jueces, magistrados, defensores públicos, inspectores, funcionarios y empleados de la CSJ dieron un ultimátum al ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, para que transfiera a ese poder del Estado 624 millones que adeudan del presupuesto.
Amenazaron que si no autorizaba la transferencia se irían de “brazos caídos” a partir de hoy, como medida de presión; asimismo lo denunciarían ante el Ministerio Público por violación a los deberes de los funcionarios.
Sin embargo, Finanzas realizó su primera transferencia. Los 104 millones de lempiras se destinarán al pago de aguinaldos, informó Melida Estrada, vicepresidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados.
Se espera que para la próxima semana se autorice 169 millones de lempiras para el pago de salarios y vacaciones.
Finanzas no asumió ningún compromiso sobre este particular, dijo.
Por ello el personal de la CSJ se mantiene expectante, ya que de no hacerse la transferencia la próxima semana concretarían las medidas de presión.
Con respecto a los 350 millones restantes, para pago de proveedores y otros gastos, Finanzas tampoco se comprometió a erogarlos.
A la cita acudieron representantes de la Asociación de Fiscales quienes igualmente solicitaron recursos para salarios y aguinaldos.
