Fue concebida hace más de 80 años y por eso se ha vuelto una prioridad adaptarla a la realidad delictiva que vive Honduras.
Se trata de una nueva Ley de Indultos y Conmutas que ha sido presentada por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) al presidente de la República, Porfirio Lobo.
EL HERALDO conoció que la nueva ley que busca es garantizar que no sean beneficiadas con un indulto todas aquellas personas que han cometido delitos relacionados con los derechos humanos.
La actual legislación del indulto fue creada en 1927 y aprobada en 1932, es decir, hace más de 80 años, y en ese tiempo delitos como el narcotráfico, el secuestro y el sicariato, entre otros, no tenían un repunte como en la actualidad.
Según Denis Gallegos, secretario general de la SJDH, “la ley actual permite que una persona que haya cometido delitos como el secuestro o esté ligada al narcotráfico, o a actividades del crimen organizado en las que no se haya cometido asesinato, solicite un indulto”.
Cambios sociales
El análisis para la nueva propuesta de ley se hizo en base al cambio que ha tenido la sociedad hondureña en los últimos años, el aumento de índices delincuenciales y violentos hizo que la ley actual requiera modificación para endurecer las penas y evitar que bajo este beneficio personas que atentan contra el bienestar y la vida humana queden en libertad.
En la propuesta se incluirán los tipos de criminalidad agravada y de lesa humanidad que atenten contra las garantías individuales, así como también los delitos vinculados al crimen organizado.
“Se debe atender la gravedad del hecho y el impacto social del acto, hay un gran abanico de delitos que pasan por la valoración de esto. Con lo del secuestro es un caso interesante, recordemos que esta ley viene desde los años 30 y el secuestro en esos años no era una figura delictiva, por lo tanto, se tipifica en la nueva ley”, dijo Ana Pineda, titular de la SJDH.
El artículo 3 de la Ley de Indultos y Conmuta indica que “Las penas impuestas por crímenes que no sean parricidio, asesinato, infanticidio, robo seguido de homicidio y las aplicables al incendiario serán indultables”.
Pineda destacó que el indulto es una gracia que da el presidente de la República y que es considerado como el motivo de extinción de la causa penal o como el perdón de la misma.
Actualmente, la propuesta de la nueva ley es analizada por el presidente de la República, Porfirio Lobo, quien posee las facultades de otorgar o negar la solicitud. De ser aprobada esta reforma, se enviará la propuesta al Congreso Nacional.
Hay que recordar que para gozar del beneficio del indulto, además de no haber cometido alguno de los delitos que se mencionan en el artículo 3 de la ley, el reo debe haber cumplido otros requisitos, como demostrar buena conducta, haber cumplido al menos el 50 por ciento de la condena y ser sometido el caso a la discrecionalidad del presidente de la República.
La nueva propuesta
Entre las disposiciones que tendría la nueva Ley de Indultos y Conmutas destacan que el delito a ser indultado no sea ninguno que está relacionado con violaciones a los derechos humanos contenidos en la legislación nacional o en tratados internacionales suscritos por el país.
Igualmente que en algunos de los casos el reo haya pagado como máximo tres cuartos de la pena.
Sin embargo, en este punto también se propone una escala de cumplimiento de penas según sea el delito que se ha cometido.
Pero también se dan concesiones especiales a los reos que padezcan enfermedades terminales y hasta a madres de hijos con problemas de discapacidad.
Beneficios otorgados
En el gobierno del presidente Lobo, hasta la fecha se han otorgado 33 indultos, de los cuales 26 ya gozan de este beneficio y 7 aún están en trámites.
EL HERALDO conoció que en las próximas dos semanas se presentarán al presidente Lobo 17 nuevas solicitudes de indulto y la Secretaría de Justicia y Derechos humanos recomienda que se analicen sus casos.
La SDJH ha recibido casi 400 solicitudes de indultos, algunas ya fueron denegadas, otras fueron enviadas para que la Corte Suprema de Justicia emita su dictamen, y otra cifra ya recibió el visto bueno, en su mayoría son reclusos de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto.
