Tegucigalpa, Honduras.- La Misión de Observación Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) urgió este miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras a realizar un escrutinio total de las actas con inconsistencias e impugnadas de las presidenciales.
A su vez, advirtió que forzar una declaratoria sin resolver esos reclamos podría desencadenar una crisis mayor a la registrada en 2009.
En un comunicado, la misión Copppal alertó a la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y a los Gobiernos de la región sobre los riesgos para la gobernabilidad hondureña que implicaría declarar los resultados sin antes haber resuelto la totalidad de las actas cuestionadas ni las impugnaciones presentadas por los partidos, procedimientos contemplados en la ley electoral.
La misión sostuvo que el CNE tiene la "obligación legal y constitucional" de revisar cada una de las actas observadas, y señaló que este proceso es la única vía para "recuperar la legitimidad perdida" tras una serie de "desaciertos" cometidos por el órgano electoral antes, durante y después de la jornada electoral, que han derivado en una creciente tensión política y social en el país.
Según los resultados preliminares del CNE, con el 99,93 % de las actas contabilizadas, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, encabeza la votación con el 40,27 % de los sufragios, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,53 %, mientras que la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se ubica en tercer lugar con el 19,19 %.
El proceso de escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias comenzó el día 18, con un retraso de cinco días, y ha estado marcado por obstáculos denunciados públicamente por las consejeras del CNE Ana Paola Hall, presidenta del organismo, y Cossette López.
La Copppal advirtió que una "declaratoria que no cumpla con lo mandatado en la Constitución de la República, sería un albazo al proceso electoral que, en lugar de generar certidumbre y tranquilidad al proceso electoral, provocaría mayor inestabilidad política, económica y social en Honduras".
Recordó que escenarios de este tipo remiten a la crisis institucional de 2009, cuando un golpe militar derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta del país, Xiomara Castro.
Asimismo, alertó que un eventual "madruguete" de algunos miembros del ente electoral proclamando un ganador sin que se hayan contado todos los votos no solo vulneraría el Estado de derecho y la voluntad popular, sino que podría derivar en delitos y en denuncias ante organismos internacionales por parte de los sectores afectados.
Finalmente, señaló que entregó "en tiempo y forma" al CNE una auditoría de ciberseguridad que advertía sobre la "vulnerabilidad del sistema de Transmisión de Resultados", pero aseguró que el órgano electoral no atendió esas recomendaciones, lo que —afirmó— ha contribuido a que el país enfrente una crisis "de dimensiones mayores a la electoral".
