El anuncio del presidente de El Salvador, Mauricio Funes, de recurrir a instancias internacionales para reclamar isla Conejo no tiene asidero legal y mas parece una acción para desviar la atención a una crisis política de esa nación.
Expertos en derecho internacional coinciden que el vecino país activó una vez más su fórmula de vociferar patriotismo para disipar conflictos internos, que más que efectos legales deja ampollas diplomáticas.
“Cuando hay problemas internos El Salvador desvía su atención hacia situaciones que no tienen asidero”, dijo María Navarro, catedrática de Derecho de Integración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Funes se encuentra envuelto en un conflicto político al ser demandado ante el Tribunal Supremo Electoral por el partido Arena por desatar una campaña en contra del candidato presidencial arenista Norman Quijano.
El 2 de febrero de 2014 se realizarán las elecciones nacionales en El Salvador y el ambiente político se ha caldeado al grado de que Funes ha sido parte de las polémicas.
Igualmente el gobernante ha tenido desencuentros con el fiscal general salvadoreño, Luis Martínez, quien lo acusó de haber mentido al decir que le presentó pruebas de lavado de activos en contra de un expresidente de esa nación.
Una vez más...
El mandatario salvadoreño dijo el miércoles pasado que de ser necesario recurriría a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que esas instancias obliguen a Honduras a cederles el islote enclavado en el Golfo de Fonseca.
“Vamos a insistir en la vía de la negociación y si hay necesidad de recurrir a una instancia internacional, como la misma Corte Internacional de Justicia de La Haya o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas , lo vamos a hacer”, mencionó Funes.
La Cancillería de El Salvador protestó en septiembre pasado porque militares hondureños izaron la Bandera Nacional en conmemoración del día de ese símbolo y luego volvió a reclamar porque ahí se efectuó un acto político.
En isla Conejo permanece acantonado un pequeño contingente de soldados hondureños que resguardan la soberanía.
La CIJ resolvió en 1992 un diferendo limítrofe en el Golfo de Fonseca entre Honduras y El Salvador que pese a ser inapelable, la vecina nación se resiste a cumplir a cabalidad.
Ambos países disputaban 447 kilómetros cuadrados, de los que asignó a Honduras 312 y a El Salvador 115 kilómetros cuadrados.
El Salvador alega que en la resolución no se emitió sentencia sobre la posesión de isla Conejo y que históricamente les ha pertenecido.
Pero la catedrática Navarro asegura que Honduras tiene voluminosa documentación que data de tiempos coloniales en los que consta que isla Conejo siempre ha sido hondureña y por ello se ha ejercido soberanía.
“Nosotros hemos tenido, desde que el Estado se mutó de colonia a provincia independiente y de provincia independiente a República tenemos bien estudiados y custodiados los títulos territoriales”, remarcó.
Consideró la togada que es raro que El Salvador quiera recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para obtener la posesión de isla Conejo porque esa instancia está creada para hacer cumplir las resoluciones de la CIJ que en este caso no le favorece al vecino país.
Inapelable
El excanciller Ernesto Paz Aguilar sostiene que las resoluciones de la Corte Internacional representan la última palabra en cuestiones de pleitos legales entre países y que por lo tanto El Salvador pierde el tiempo en su nuevo reclamo.
“Creo que lo pueden declarar improcedente (el reclamo salvadoreño, no ha lugar”, opinó.
“Las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables, de lo único que se puede hablar es de la definición de los espacios marítimos más allá de la bocana del Golfo de Fonseca”, reiteró el diplomático hondureño.
Nicaragua es el tercer país que comparte aguas con Honduras y El Salvador en el Golfo de Fonseca. Los tres países no se han puesto de acuerdo en cuanto al manejo compartido de una porción de las aguas en esa zona.
Honduras ha experimentado un “boicot” de parte de El Salvador y Nicaragua que no terminan de reconocer su derecho a salida al mar abierto después de la bocana del golfo.
