Las autoridades de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) plantearon al Congreso Nacional reformas legales tendientes a optimizar la depuración de la Policía.
El director nacional y adjunto de la DIECP, Óscar Manuel Arita y Eduardo Villanueva, expusieron a los legisladores las barreras jurídicas que se han encontrado en el contexto del decreto legislativo 198-2011 y las enmiendas que es necesario hacer para darle a la DIECP un poder más determinante en las resoluciones que adopte.
Arita y Villanueva se reunieron con miembros de las Comisiones legislativas de Seguridad y Presupuesto del CN, a fin de plantear la revisión del marco jurídico que dio vida a la Institución.
La reunión sirvió también para que los congresistas conocieran las necesidades presupuestarias de la DIECP, en vista que la asignación de 30 millones que se estableció en el decreto de creación, no permiten cubrir todos los programas y proyectos que se ejecutarán.
La DIECP es un ente desconcentrado de la Secretaría de Seguridad, encargado de investigar los delitos y faltas cometidos por miembros de la carrera policial.
'Si no se hacen las correcciones necesarias en la legislación, ocurriría lo que ya ocurrió en el pasado, o sea, serían separados los malos policías, pero luego de algún tiempo podrían regresar al servicio, con lo cual se provocaría una burla a los anhelos de la población hondureña y se generaría un desperdicio de recursos humanos y materiales', señalaron en su exposición.
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Investigar patrimonio
La DIECP pidió a diputados contar con facultades para extender los estudios socioeconómicos y patrimoniales que se harán a los policías, también a las personas del grupo familiar del servidor policial investigado.
Se argumentó que existen muchas formas de encubrir los bienes y el dinero adquiridos de forma ilícita, una de las más comunes es traspasarlos a familiares y amigos.
Además, se propuso legislar para el procedimiento de defensa del policía investigado.
Advertencia a Seguridad
En relación al tema el Ministerio Público (MP) solicitó a Seguridad los expedientes de los 92 policías destituidos y suspendidos de sus cargos.
'Espero ser claro en el sentido que me manden los expedientes que de acuerdo a los hechos se hayan cometido’, dijo el fiscal general, Luis Rubí.
Lo que pretende confirmar el MP si las destituciones son por hechos constitutivos de delito.
Rubí garantizó que se 'ejercerá la acción penal contra quienes hayan incurrido en actos dolosos'.
Expuso que Seguridad le mandó un informe incompleto, solo se exponían aspectos generales.
Lamentó que solo le enviaron nombres de los sancionados, fechas de nombramiento y hechos de tipo administrativo.
'Mándenme lo que sea constitutivo de delito, que es donde podemos actuar, en cuestiones administrativas no', recomendó.
'Si no me mandan las personas que han incurrido en delito, obviamente podrían incurrir en responsabilidad, podría haber un encubrimiento', concluyó Rubí.
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