Tegucigalpa, Honduras.- Un juez del juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó detención judicial en contra el excomisionado de la Policía Nacional, José Orlando Leiva Natarén, acusado del delito de lavado de activos.
La audiencia inicial quedó programada para el próximo viernes 24 de enero a las 8:30 de la mañana, donde se presentarán las pruebas del caso, según informó el Ministerio Público. De momento estará recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara.
Investigaciones de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), indican que Leiva Natarén mostró un comportamiento financiero inusual entre 2006 y 2017.
Por el caso se realizó la privación definitiva de bienes valorados en más de 313 millones de lempiras, lograda por el MP en junio de 2024, donde se determinó que estos no tienen una justificación legal dentro de las capacidades económicas de Leiva Natarén..
Según las autoridades, los 42 bienes incautados incluyen propiedades, vehículos y otras pertenencias vinculadas a actividades ilícitas.
Detención judicial para el exsubcomisionado de policía, José Orlando Leiva Natarén, acusado del delito de lavado de activos. En junio de 2024 el MP logró la privación definitiva de 42 bienes valorados en más de L 313 millones. Audiencia inicial: viernes 24 de enero a las 8:30 AM. pic.twitter.com/caz1WSHXYR
— Ministerio Público (@MP_Honduras) January 21, 2025
Sobre los bienes
Las investigaciones revelaron que se realizaron movimientos de aproximadamente 913 millones de lempiras en el sistema financiero.
Además, se determinó un incremento patrimonial injustificado de 300 millones de lempiras, de los cuales 282 millones correspondían a operaciones de su empresa Corporación Natarén S. de R.L. (CONAR), 15 millones a su cuenta personal y 3 millones a la de su esposa.
El informe revela que las cifras no coincidían con las utilidades de CONAR ni con los ingresos obtenidos por Leiva Natarén durante sus 25 años de servicio en la Policía Nacional.
Por el caso, en julio de 2024, la Corte de Apelaciones ratificó la sentencia de privación de dominio sobre estos bienes, ya que la defensa no presentó recurso de apelación al fallo obtenido por el Ministerio Público.