El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó un informe de auditoría realizada a la municipalidad de Utila, Islas de la Bahía, en el cual destaca irregularidades cometidas entre diciembre de 2008 y mayo de 2014.
El ente contralor remitió dicho informe al Ministerio Público y señala que los actos cometidos ameritan la deducción de responsabilidades penales contra funcionarios y empleados.
La auditoría habría sido realizada luego de que cuatro regidores de la municipalidad de Utila denunciaron supuestas irregularidades que habrían incurrido autoridades edilicias.
Entre los hallazgos se señala la existencia de nueve negocios y empresas del alcalde municipal Troy Donahue Bodden González, a las cuales se les cambió el estatus de activas a inactivas y se anularon las facturas que emite el sistema para que no se les cobraran los diferentes impuestos y servicios municipales.
Además, fue subcontratada la empresa Ocean Waves, propiedad del alcalde municipal, para el acarreo y descarga de pilotes de concreto de Puerto Castilla, Trujillo, relacionado al proyecto de Construcción del Muelle Municipal en Utila.
La tercera irregularidad encontrada por el TSC refiere a que durante el período 2009 al 2013 se autorizaron varios contratos para la ejecución de 10 proyectos, evitando el proceso establecido en la Ley de Contratación del Estado.
Se autorizaron compras por cotización para un mismo proyecto, obviando procesos de licitación; como sucedió, por ejemplo, para la construcción de una cancha de fútbol para lo cual la alcaldía suscribió diez contratos.
Finalmente, la alcaldía de Utila declaró estado de emergencia para la construcción del muelle municipal, con el objeto de ejecutarlo mediante licitación privada y así evitar el procedimiento ordenado por la ley.
Fue en diciembre de 2013, en la gestión del alcalde Alton Jernigan Cooper Bush, cuando se acordó el financiamiento de la obra y atendiendo solicitud del edil la corporación municipal declaró calamidad pública al muelle de cabotaje autorizando la licitación privada para su construcción.
A criterio del TSC, no se justificó el estado de emergencia, tampoco se siguió el procedimiento ordenado por la Ley de Contratación del Estado.
En febrero pasado, el MP realizó el decomiso y revisión de documentos como toma de declaraciones en la alcaldía.
Responsabilidades civiles
Otro informe levantado por el tribunal apunta irregularidades que ascienden a 10.4 millones de lempiras, entre ellas la anulación de facturas a nombre de empresas del alcalde de Utila para no pagar impuestos.
De igual manera se encontraron inconsistencias en tres proyectos, no se realizan las deducciones del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta por concepto de servicios técnicos, honorarios profesionales, pago de dietas a regidores y mal cálculo a retenciones del exalcalde.
También se detectaron gastos sin documentación de soporte, viáticos sin liquidar, el no cobro de tasas a escuelas de buceo, órdenes de pago con soporte de facturas no originales, empleados que incumplen horarios de trabajo y el extravío de mobiliario y equipo.
