Tegucigalpa, Honduras.– La defensa legal del exjuez Marco Antonio Vallecillo Banegas solicitó por segunda vez a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un pronto despacho del recurso de amparo interpuesto en marzo de 2025, al denunciar un retraso que consideran violatorio del debido proceso.
El escrito fue presentado el 18 de marzo de 2026 por los Raúl Suazo Barillas y Ana Rosa Ponce Flores, quienes sostienen que la falta de resolución ha impedido que se emita sentencia en el proceso penal contra su representado.
Vallecillo Banegas se desempeñó como coordinador de los juzgados en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en Honduras, un cargo clave dentro del sistema judicial.
Fue capturado en agosto de 2024 tras ser acusado por el Ministerio Público del delito de extorsión.
Según la acusación, el exjuez habría exigido aproximadamente tres millones de lempiras a un testigo protegido a cambio de supuestos beneficios judiciales.
Proceso judicial en curso
El juicio oral y público inició el 22 de septiembre de 2025 y se desarrolló hasta el 25 del mismo mes.
Durante el proceso, inicialmente se informó que el imputado habría considerado someterse a un procedimiento abreviado; sin embargo, posteriormente ha defendido su inocencia, alegando irregularidades en las pruebas presentadas por la fiscalía.
El recurso de amparo, registrado bajo el expediente SCO-AP-1402-2024, fue formalizado el 24 de marzo de 2025 con el objetivo de impugnar la confirmación de la prisión preventiva.
De acuerdo con la defensa, han transcurrido más de siete meses desde la finalización del juicio y más de un año desde la interposición del amparo, sin que la Sala de lo Constitucional haya emitido resolución.
Esta situación mantiene en suspenso el fallo del caso, ya que el órgano jurisdiccional no ha dictado sentencia definitiva.En el escrito, los abogados citan el artículo 8 del Código Procesal Penal, que establece que el proceso debe desarrollarse con celeridad para garantizar una justicia pronta y efectiva.
Asimismo, argumentan que la demora vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el principio de prontitud en la administración de justicia.
Argumentos de la defensa
Los representantes legales sostienen que la prisión preventiva fue dictada sin cumplir los requisitos legales y que la imputación se basa únicamente en la declaración de un testigo protegido. También señalan que existen hechos nuevos que justificarían sustituir la medida por otras menos gravosas, en aplicación del principio pro homine. Además, recordaron que el 18 de noviembre de 2025 ya habían presentado una primera solicitud de pronto despacho sin obtener respuesta.
A marzo de 2026, el caso continúa sin sentencia debido a que el recurso de amparo sigue pendiente de resolución en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ante este escenario, la defensa solicitó un pronunciamiento urgente que permita reactivar el proceso judicial y emitir el fallo correspondiente.
