Tocoa, Honduras.- El lunes 27 de enero se registró un enfrentamiento violento entre pobladores de Quebrada Arena, Tocoa, Colón, y campesinos organizados de la Plataforma Agraria en la CA-13, dejando incomunicados los municipios de Tocoa y Trujillo.
El conflicto surgió por el intento de recuperar la finca de Tranvío, que desde hace dos años, presuntos miembros de la Plataforma Agraria invadieron, generando una disputa que ha sido marcada por tensiones agrarias.
Videos difundidos en redes sociales muestran a los pobladores enfrentándose con piedras y machetes.
Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar armados para intentar calmar la situación; sin embargo, el ambiente se puso tan tenso que incluso en los videos se puede ver a los agentes escondidos entre los árboles mientras se detonaban sus armas de fuego.
Durante el enfrentamiento armado, se conoció que al menos tres personas resultaron con heridas de bala. Hasta el momento se desconoce su identidad y estado de salud.
Una habitante denunció públicamente que temía por su vida y la de sus hijas, asegurando que la intervención policial evitó que fueran asesinadas por los campesinos.
La mujer también denunció un intento de secuestro para presionarla a revelar información sobre los líderes comunitarios.
Las raíces del conflicto
La disputa de tenencia de tierras en Tocoa tiene sus raíces en los años 70, cuando el Estado hondureño distribuyó terrenos a campesinos mediante programas de reforma agraria, sin embargo, a partir de la reforma de 1992, impulsada durante el gobierno de Rafael Callejas, estas tierras comenzaron a ser adquiridas por grandes empresarios, lo que intensificó las tensiones en la región, de acuerdo con el abogado Ludovico Hernández, docente de derecho agrario en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Desde entonces, la zona conocida como el Bajo Aguán se ha convertido en un epicentro de conflictos agrarios, dejando un saldo de alrededor de 200 personas asesinadas en tres décadas.
Entre las víctimas se incluyen campesinos, ambientalistas, defensores de derechos humanos, guardias de seguridad y autoridades locales.
El valle de Aguán es una región fértil codiciada por su potencial para la agricultura, especialmente para el cultivo de palma africana. Este recurso económico ha provocado enfrentamientos entre campesinos que reclaman sus derechos y empresas agroindustriales que alegan haber adquirido las tierras legalmente.
Además, la región ha sido infiltrada por el narcotráfico, lo que complica aún más la situación.
La crisis trasciende lo agrario
En el conflicto también intervienen factores sociales y ambientales. La explotación minera ha generado rechazo por parte de grupos ambientalistas debido a los daños causados, como la contaminación de ríos.
Esto ha derivado en amenazas y asesinatos de líderes comunitarios, como el caso de Juan López, un ambientalista asesinado en septiembre de 2024, a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El ambiente en Tocoa está marcada por un clima de miedo y silencio. Los habitantes locales advierten a visitantes, incluidos periodistas, sobre los riesgos de permanecer en la zona.
“Aquí a la muerte la vemos de cerca”, afirmó un pequeño agricultor a EFE, ilustrando la realidad de una región donde el narcotráfico y las disputas por la tierra han creado un ambiente de inseguridad constante.
Intentos fallidos por resolver el conflicto
En 2012, el Congreso Nacional aprobó un decreto de desarme para el departamento de Colón, pero los resultados fueron limitados.
En 2024, el gobierno de Xiomara Castro derogó parcialmente esta ley, permitiendo el uso de armas en la región, una medida que tampoco logró reducir la violencia.
En febrero de 2022, se firmó un acuerdo entre el gobierno y representantes campesinos que buscaba una solución pacífica al conflicto, enfatizando el respeto a los derechos humanos y la reparación a las víctimas. Sin embargo, las tensiones persisten debido a la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos.
La Plataforma Agraria, creada en 2012, agrupa a campesinos y cooperativas que buscan recuperar tierras entregadas durante la reforma agraria y posteriormente adquiridas por agroindustriales. Líderes de la organización han denunciado amenazas constantes por parte de grupos criminales y empresarios.
Yony Rivas, portavoz de la Plataforma, asegura que los campesinos enfrentan una lucha desigual contra familias poderosas y multinacionales. Además, enfatiza que, mientras las autoridades no ejerzan control en la región, los grupos criminales continuarán imponiendo su ley.
