Autorizar a los militares a desempeñar funciones policiales mediante una interpretación de la Constitución va en contra de una sentencia judicial y de las recomendaciones que formuló la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
El Poder Legislativo conoció el martes una propuesta de ley para que vía análisis de la Carta Magna el Ejército tenga facultades hasta ahora exclusivas de la Policía Nacional.
'Recomendamos establecer claramente la prohibición (a las Fuerzas Armadas) de utilizarse para funciones policiales', dice la recomendación número cuatro de las 88 que presentó la CVR.
Los militares solo deberán realizar acciones de carácter policial cuando exista un 'estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos'.
Los operativos que hagan los militares, en caso de concederles el nuevo rol, se realizarán 'bajo un control judicial independiente', es decir que se tendrá que crear una entidad legal que los investigue y sancione en caso de abusos.
Esta dependencia funcionaría sin menoscabo del trabajo de acusador de la Fiscalía y de sentenciador del Poder Judicial cuando se presenten irregularidades por parte de los soldados o sus superiores.
Por medio de reformas a la Ley de Justicia Constitucional se deben de eliminar todos los 'remedios constitucionales' que se han practicado a ese cuerpo legal.
La Comisión de la Verdad presentó en julio pasado un informe sobre los hechos previos y posteriores al derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya.
Como parte de su trabajo, elaboró un paquete de 84 recomendaciones y 4 sugerencias a fin de que se evite una nueva crisis política de esa naturaleza.
A las Fuerzas Armadas se le hacen varias recomendaciones, ya que se vio envuelta en el conflicto al expulsar al exgobernante a Costa Rica luego de detenerlo en su residencia en la capital.
También se recomendó que las Fuerzas Armadas no tengan ninguna misión de carácter político.
Estos consejos están contenidos en el capítulo titulado 'Restricción de las competencias, derechos y obligaciones de las Fuerzas Armadas'.
Los consejos de la CVR han sido ignorados casi en su totalidad por el gobierno y solo se ha hecho énfasis en discutir la creación del Tribunal de Justicia Constitucional.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, dijo que todavía es prematuro referirse a la determinación que tomará el Legislativo respecto a la interpretación constitucional que se hará para ampliar las facultades del Ejército.
'Esperemos ver cuál es la decisión que se toma, especialmente cuál es la justificación', indicó.
La decisión que tome el Congreso Nacional debe de ser en el marco de lo que permiten y establecen la Constitución y demás leyes.
'Hay muchas propuestas en este caso, hay que esperar a ver cuál es la que se adopta, recordemos que hay un diálogo tripartito en donde participa la academia, la sociedad civil y el Poder Ejecutivo'.
El gobierno conformó un equipo técnico para elaborar una serie de propuestas para atacar la criminalidad y adecentar la Policía Nacional.
Lo que también ha hecho el Ejecutivo es tomar conciencia de la grave situación que vive el país por la inseguridad y buscar alternativas para frenar la ola delincuencial, expresó Ana Pineda.
El proyecto
El diputado nacionalista, Mario Pérez, es el proyectista de esta iniciativa que busca facultar a los militares a realizar allanamientos, capturas y otras acciones por espacio de 45 días y que son labores propias de la Policía.
El artículo 1 de esta iniciativa dice que por interpretación de los párrafos primero y segundo del numeral 247 de la Constitución, las Fuerzas Armadas 'pueden ejercer funciones policiales con carácter temporal en situaciones de emergencia...'.
Pero también los militares recibirían licencia para 'participar en forma permanente' en la lucha contra el narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado cuando la Secretaría de Defensa lo solicite.
Previo a que el cuerpo castrense reciba las órdenes, se realizarán estos operativos, el Poder Ejecutivo, en sesión de Consejo de Ministros, debe de emitir un acuerdo de emergencia en el que se definan los alcances de la declaratoria.
Sumidos en crisis
La Policía Nacional se encuentra sumergida en una profunda crisis por las revelaciones de actos de corrupción en los que están involucrados elementos de la escala básica y altos oficiales.
Como la podredumbre de la Policía ha hecho que los índices de criminalidad estén repuntando -incluso porque sus miembros también cometen delitos- el gobierno se ha visto obligado a sacar a los militares a las calles a que patrullen.
Policía y Ejército se han unido por instrucción del presidente Porfirio Lobo para ejecutar la Operación Relámpago en barrios 'calientes' de la capital como medida desesperada para atacar la alta criminalidad.
Impedimento legal
En caso de que el Congreso Nacional apruebe ese decreto, el mismo podría se nulo, ya que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el que se estableció que el Legislativo no tiene facultades para interpretar la Constitución.
Esta sentencia no fue publicada en el diario oficial La Gaceta, por lo que se debería de entender que la misma no es válida.
Pero la resolución aclara que su vigencia es de carácter inmediato y no requiere ser publicado en La Gaceta.
El magistrado de la Sala Penal, Jacobo Cálix, explicó que el fallo dejó claro que el Congreso Nacional tiene límites en sus funciones y uno de ellos es que no puede interpretar la Constitución.
En ese sentido, 'vía interpretación' de la Constitución no se puede ordenar que las Fuerzas Armadas tengan la autoridad para ejercer funciones policiales.
'Lo que hemos dicho es que existe un precedente en donde se establece que el Poder Legislativo u ordinario... no tiene atribuciones de interpretar la Constitución', remarcó David Cálix, coordinador de la Sala Penal.
