El Colegio de Abogados de Honduras pidió este lunes a la Secretaría de Seguridad, que asigne agentes de investigación exclusivos a la Unidad de Muertes Violentas del Ministerio Público.
Roy Urtecho, presidente del CAH, cuestionó la impunidad en la que se encuentran los homicidios de miles de hondureños, incluyuendo los crímenes contra los profesionales del derecho.
De acuerdo al Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), el 97 por ciento de las muertes violentas de abogados se mantienen impunes.
'Las nuevas autoridades del Ministerio Público no van a poder resolver todos esos casos si no se les asigna el presupuesto debido y agentes de investigación exclusivos', manifestó Roy Urtecho, presidente del CAH.
A criterio del exfiscal general adjunto, es indispensable la presencia permanente de un policía de investigación las 24 horas, bajo la dirección de un fiscal.
Si bien no puede haber un policía asignado a cada uno de los 16,624 profesionales del derecho que ejercen en Honduras, el Estado debe garantizar con una 'investigación real y efectiva, cuando asesinan a un ciudadano (...) el peso de la ley, que el investigador va a llevarle las pruebas al fiscal y que el fiscal lo va introducir en los tribunales de justicia para que haya una sentencia condenatoria y que estos hechos no queden impunes', declaró.
Y añadió que 'el gobierno está obligado, los entes de derechos humanos está obligados a luchar por qué el mecanismo de protección de los y las defensores de derechos humanos y operadores de justicia se dote, así como el modelo de Colombia, de protección de aquellos ciudadanos que está en riesgo su vida y que se ponga a disposición del gobierno y del Estado para que en una situación de riesgo se le dé la protección debida'.
Ética es primer medida de defensa
Por su parte, el actual fiscal adjunto Rigoberto Cuéllar, consideró que tanto jueces, fiscales y abogados, deben mantener como 'primera línea de defensa, su propio profesionalismo en la actuación de sus deberes'.
'Si un fiscal se mantiene en realidad profesional, objetivo, técnico en la manera cómo maneja sus causas, sin personalizar ninguna de ellas, creemos que eso es la primera línea de defensa o de protección que puede tener un profesional del derecho que ejerce un cargo como es el del Ministerio Público', expresó.
No obstante, aseguró que existen casos comprobados en los que las amenazas contra operadores de justicia ameritan algún tipo de protección especial.
'Es muy difícil dar una protección personalizada a todo nuestro equipo de fiscales, que resulta un número incluso menor que el número de abogados que existen a nivel nacional', debido a asignaciones presupuestarias.
Cuéllar explicó que las nuevas autoridades del Ministerio Público no han quitado la protección con la que ya contaban varios fiscales, pese a que 'esta es una forma de protección que no es sostenible'.
Además, calificó como 'normal' que un fiscal que desempeña bien su trabajo sea amenazado al menos una vez al mes; pero 'en la medida en la que uno se mantiene profesional, se mantiene ético en el desempeño de sus funciones, insisto, es la primera línea de defensa cualquier funcionario'.
