La clara evidencia de que en Centroamérica se libra una “guerra” es el creciente gasto en seguridad y la reducción presupuestaria en educación, salud e infraestructura. Los gobiernos de la región destinaron durante 2011, en promedio, casi un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para alimentar los presupuestos de seguridad, defensa y justicia.
De manera paralela, las empresas de la región registran en promedio un 18% de sus ingresos para proteger a las personas y sus bienes.
Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, el gasto de la región en materia de seguridad, que en 2006 ya era de 7,000 millones de dólares, es equivalente al PIB de su país, Nicaragua.
La información fue debatida por funcionarios, académicos, cooperantes y organismos internacionales en el marco del “Foro Centroamérica: competitividad y seguridad”. El evento se desarrolla de frente a la firma de un Acuerdo de Asociación con Europa (Ada).
Impacto interno
El presidente del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), Arturo Condo, dijo que el incremento en el gasto de seguridad en nuestras naciones tiene como variante dos efectos en el sector gobierno. El primero de ellos es que resta recursos para atender la inversión pública en educación, salud e infraestructura. En naciones como Guatemala, continuó, este gasto representa un 11% del PIB en un año.
Para entender la magnitud de este problema, continuó, se debe recordar que Costa Rica invierte en educación el equivalente a un 7% de su PIB en educación. Para el director de la sede subregional de la Comisión para América Latina y el Caribe (Cepal), Hugo E. Beteta, el gasto de seguridad en promedio ya representa en promedio un 20% de la inversión social de Centroamérica.
“Las pérdidas económicas representan más de un 10% del PIB regional porque incluye las pérdidas y los costos de los hogares, las empresas, al sector público”, expresó.
Las pérdidas por este concepto impactan en los presupuestos de las secretarías de Salud debido a que destinan más recursos para atender emergencias y cirugías vinculadas con la violencia. También se recae en pérdidas por la caída en la productividad de los negocios, los hogares y las empresas.
“Vemos, según el director de Cepal, que en términos absolutos es Guatemala el país que más dinero aporta al tema de la seguridad y en términos relativos, como un porcentaje del PIB, es El Salvador”, explicó Beteta.
Fue del parecer que este comportamiento es el más alto en toda América Latina, por los costos económicos.
Pablo Acosta, economista del Banco Mundial en temas de desarrollo humano, comparó que el gasto en educación de un 8% del PIB ya se equipara con el promedio regional en Seguridad.
“Aunque no tenemos estudios específicos al respecto, vemos que este comportamiento es solo comparable a la violencia que se vive en países del Medio Oriente, donde se encuentran en guerra”, indicó.
Centroamérica, sin embargo, no se encuentra en guerra entre naciones, pero al final del día se trata de una guerra entre pobres que no tienen empleo y efectúan actividades ilícitas.
Cortina de humo
Para el presidente del Incae, la segunda situación que genera la inseguridad es que los presidentes de los países del denominado triángulo norte, integrados por Honduras, Nicaragua y El Salvador, dedican una considerable cantidad de sus agendas para discutir el tema de la seguridad.
“Creo que ahora tienen menos tiempo para pensar respecto a cómo generarán nuevos puestos de trabajo para esta generación que tiene 10 años de edad, pero que dentro de cinco años más cumplirán 15 y por lo tanto entrarán al mercado laboral”, dijo el académico.
Por otra parte, las empresas enfrentan el desafío de mantener su productividad, frente a un aumento en el gasto de seguridad, que en la región es en promedio de un 18% de sus ingresos. “Al sector privado se le quita la capacidad de crecimiento y de inversión. Además, resta a toda la población la capacidad de consumo, porque cada persona tendrá menos ‘plata’ para destinarla a demandar más y nuevos productos así como servicios”, expresó Condo.
Con este comportamiento se ha sentenciado a la empresas centroamericanas a tener menos recursos para innovar, invertir más y así generar nuevos empleos.
Para el presidente de los empresarios nicaragüenses, si nuestros gobiernos disminuyeran en 1% el gasto contra la violencia, se elevaría el PIB de algunas de nuestras naciones en un 1% y se reduciría la tasa pobreza en un medio por ciento anual.
Una bomba atómica
En Centroamérica y de manera especial en Honduras, existe una población creciente que no estudia y no trabaja (Ninis). Datos de la Secretaría de Trabajo indican que en el país tenemos un millón de jóvenes arriba de los 18 años que no tienen empleo. Para el presidente de Incae, esta situación local y regional representa una “bomba atómica”. La población joven tendrá una incidencia en la región aun durante los próximos 30 años.
Esto quiere decir que estas personas que no estudian y no trabajan enfrentarán problemas en el mercado laboral durante tres décadas más. Entre las estadísticas presentadas se indica que son jóvenes el 50% de la personas que mueren por causa de la violencia en CA y los hombres se encuentran en una población en riesgo.
