El lunes se analizaban aspectos técnicos y jurídicos para evitar posteriores demandas en contra del Estado, explicaron fuentes del sector eléctrico consultadas por EL HERALDO.
Indicaron que la intervención de la empresa que habría aprobado la SAPP, “está pendiente aún y no se puede decir cuándo (se hará)”.
Detallaron que la SAPP, en el marco de sus atribuciones legales y facultades contractuales, puede declarar la intervención del contrato; asimismo, declarar ante la entidad concedente una causal de suspensión temporal del contrato; y, finalmente, declarar la caducidad del contrato.
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“La Superintendencia puede ejercer acciones a partir del uso de informes que cuenten con la fuerza legal correspondiente. Tal es el caso de los informes de Manitoba (el supervisor del contrato de EEH)”, manifestó un funcionario consultado.
Recordó que el informe especial MHI-2021-005 certifica que EEH incumplió con las metas de reducción de pérdidas de energía en los años 2 y 3 del acuerdo de siete años (2016-2023). Ante esto, la SAPP le aplicó una multa de 46 millones de dólares (más de 1,000 millones de lempiras).
“Este mismo informe sirve de fundamento para realizar las otras acciones que la Superintendencia ha emprendido en estricta observancia del debido proceso”, explicó el funcionario. Diferentes sectores instan a los funcionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y a los ejecutivos de EEH que inicien un diálogo para lograr un acuerdo en beneficio de Honduras.
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